Como parte del Plan Integral contra el abuso sexual del gobierno federal, la 65 Legislatura del Estado, en Sesión de la Comisión Permanente recibió este martes una iniciativa del gobernador David Monreal Ávila para incrementar la punibilidad y ampliar las agravantes en el delito de abuso sexual, en el marco de un diagnóstico de la Secretaría de las Mujeres.
Imelda Mauricio Esparza (Morena) dio lectura a la iniciativa que plantea que los delitos sexuales ya no puedan castigarse con trabajo comunitario y establece penas de entre 9 y 15 años de prisión por abuso sexual. Se añaden más supuestos de agravamiento, entre ellos, cuando el delito se cometa tras suministrar drogas o psicotrópicos a la víctima sin su consentimiento, cuando los hechos ocurren en transporte público, o ante violencia psicológica. Ma. Teresa López (PAN) suscribió la iniciativa al turnarse a comisiones.
Georgia Fernanda Miranda Herrera (PVEM), presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado, ayuntamientos, Coordinación Estatal de Protección Civil, Secretaría de Salud, Sistema DIF estatal y municipal, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Educación a reforzar acciones preventivas ante las bajas temperaturas.
Se planteó entre otras medidas la intensificación de campañas contra enfermedades respiratorias y la valoración de ajustes de horarios escolares en caso de temperaturas extremas. El punto se aprobó como de urgente y obvia resolución; durante la discusión, Ma. Teresa López (PAN) y Renata Ávila (PT) señalaron la falta de presupuesto y equipamiento en Protección Civil, refiriendo la diputada petista un accidente vial ocurrido la semana pasada, en el que se vio involucrada una unidad de Protección Civil y cuya atención tuvo que ser auxiliada por familiares de los propios elementos.
Carlos Peña Badillo (PRI) presentó una iniciativa para obligar a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a rendir un Informe Anual de Seguridad ante el Congreso, con indicadores de incidencia delictiva, uso del presupuesto, acciones de prevención, coordinación entre corporaciones y atención a víctimas. La propuesta plantea que el informe sea analizado y aprobado por el Poder Legislativo, y que, en caso de no obtener aval, el Congreso pueda emitir observaciones y resoluciones que la dependencia estaría obligada a atender.
Argumentando un vicio de origen en la Ley del Notariado del Estado de Zacatecas, el diputado Jesús Padilla Estrada (Morena) propuso expedir un nuevo ordenamiento para sustituir la norma vigente, publicada en 2006, al señalar que no fue debidamente refrendada por el titular del ramo correspondiente, como lo exigía entonces la Constitución local. Sostuvo que un decreto administrativo emitido años después no subsana esa omisión, por lo que planteó emitir una nueva ley que reafirme al Ejecutivo estatal como responsable originario de la función notarial
Con tres adhesiones pasó a comisiones la iniciativa para incrementar del 5 al 7 por ciento el financiamiento público que los partidos políticos deben destinar a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, presentada por la diputada Karla Esmeralda Rivera Rodríguez (Nueva Alianza). La diputada propuso que los recursos se concentren en procesos de formación política y participación efectiva, ante prácticas de simulación que han limitado el impacto de estos fondos en la reducción de brechas de género dentro de los partidos.
En asuntos generales, Ma. Teresa López García (PAN) llevó a tribuna el reclamo de personal del Centro de Actualización del Magisterio (CAM), al denunciar que la falta de persona directiva desde el 2 de diciembre vuelve impugnables actos como la designación de cargas, coordinaciones y contrataciones. Exigió a la Secretaría de Educación de Zacatecas nombramientos inmediatos, la reinstalación de los órganos colegiados y una respuesta por escrito antes del 6 de febrero.
Por su parte, Oscar Novella Macías (Morena) fijó postura sobre la difusión de archivos del caso Jeffrey Epstein, al señalar que exhiben redes de encubrimiento vinculadas a élites políticas y económicas. El legislador cuestionó la autoridad moral del presidente estadounidense Donald Trump. Agregó que TV Azteca, cuyo presidente aparece en los archivos, también ha guardado un silencio cómplice frente a la explotación de menores.
