La economía mexicana enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad derivado de su profunda integración con Estados Unidos a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como de una serie de decisiones estructurales que han impactado negativamente en instituciones clave, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac). Así lo advirtió José Luis Guardado Pérez, docente de la Unidad Académica de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), al analizar los riesgos económicos actuales tanto a nivel nacional como estatal.
El académico explicó que, tras décadas de libre comercio con Estados Unidos, la economía mexicana se encuentra plenamente integrada a la norteamericana, al grado de que gran parte de su dinámica depende de dicha relación. Señaló que mucho de la dinámica económica del país está en función de la relación con Estados Unidos, integración que ha dado lugar a complejas cadenas productivas y de suministro en las que el T-MEC resulta fundamental tanto para empresas mexicanas como estadounidenses.
Guardado Pérez subrayó que, debido al mayor rezago de la economía mexicana frente a la estadounidense, la dependencia del tratado es significativamente mayor para México. Por ello, tanto la administración federal anterior como la actual han apostado a la ratificación del T-MEC, ya que en buena medida la salud de la dinámica económica en México depende de que dicho tratado se mantenga vigente.
Advirtió que, en caso de no concretarse la ratificación del acuerdo, los efectos negativos serían inmediatos, especialmente para sectores estratégicos plenamente integrados al T-MEC. Destacó que la industria automotriz sería una de las primeras afectadas, no sólo en el armado de vehículos, sino en toda la cadena de autopartes y el empleo generado a su alrededor. Asimismo, señaló que el sector exportador resentiría un fuerte impacto, pese a que en el último año rompió récords, lo que confirma el alto grado de integración de la economía mexicana con el mercado estadounidense.
No obstante, consideró necesario que México avance en la diversificación de sus relaciones económicas internacionales. Recordó que más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos, lo que si bien ofrece ventajas, también implica riesgos. Estar tan atados y dependientes de un solo país, dijo, puede generar problemas estructurales y una alta vulnerabilidad ante decisiones externas.
En este contexto, explicó que la incertidumbre económica derivada de la actitud cambiante del presidente de Estados Unidos ha impactado en la débil dinámica económica del país durante el último año y ha retrasado la materialización de expectativas asociadas al nearshoring y al Plan México. Por ello, insistió en que, aun con el T-MEC ratificado, resulta indispensable buscar nuevos vínculos comerciales con otros polos económicos, como el grupo de los BRICS, a fin de reducir la dependencia de un solo tratado.
Respecto a las razones por las que esta diversificación no se impulsó con anterioridad, Guardado Pérez indicó que durante años resultó cómodo para empresas y gobiernos apostar exclusivamente al Tratado de Libre Comercio, debido a la cercanía geográfica, las facilidades logísticas y el crecimiento del sector exportador. Sin embargo, señaló que desde el primer periodo presidencial de Donald Trump se evidenció la fragilidad de esta estrategia, situación que se ha profundizado en su segundo mandato, con un reajuste global de las relaciones económicas internacionales.
En el ámbito estatal, el académico calificó como muy triste la situación que atraviesa el Issstezac, al señalar que en dicho instituto están comprometidas las cuotas de miles de trabajadores y sus expectativas de una jubilación digna. A su juicio, la crisis no es fortuita, sino resultado de serias irresponsabilidades cometidas por diversos gobiernos en su administración.
Indicó que cada cambio de gobierno implicó el incremento de la nómina, la autorización de préstamos millonarios que no fueron recuperados y el uso del Issstezac como una caja chica para distintos fines. En ese sentido, sostuvo que el Estado, y no sólo los gobiernos en turno, debe asumir la responsabilidad de rescatar al instituto y restablecer su capacidad operativa.
El docente rechazó que la solución pase por la privatización del Issstezac o por la reducción de prestaciones a los trabajadores, al considerar que éstos no fueron responsables de la mala gestión. Subrayó que las pensiones elevadas no fueron decisiones de los trabajadores, sino autorizaciones otorgadas por funcionarios que deben rendir cuentas.
Asimismo, señaló que la cancelación de servicios autofinanciables y la eventual declaración de quiebra no representan una salida real al problema. Por el contrario, insistió en que se requiere una solución de Estado, transparente y sin impunidad, que garantice una respuesta digna a los trabajadores y jubilados afectados.
Finalmente, Guardado Pérez lamentó que actualmente prevalezca la evasión de responsabilidades y la falta de claridad sobre el futuro del instituto, al tiempo que expresó su esperanza de que se enfrente la problemática de fondo y se evite que la crisis quede impune.
