Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que este gremio acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presentó alegatos y documentación relacionados con la acción de inconstitucionalidad de algunos artículos de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), la cual se espera, sea resuelta el día de hoy.
Según explicó, este acercamiento fue parte de las gestiones previas a la resolución, con el objetivo de que las ministras y ministros cuenten con una visión completa de las implicaciones constitucionales, sociales y humanas del asunto.
Detalló que el proyecto que se someterá a votación fue modificado y reconoce los derechos adquiridos de las personas pensionadas a recibir su aguinaldo conforme al régimen vigente al momento en que consolidaron su pensión, es decir, de 60 días, lo cual representa un avance importante en la protección de sus derechos.
No obstante, dijo que el proyecto no fue modificado en lo que respecta al artículo 128 que, antes de la reforma, establecía que, en caso de insuficiencia financiera del Issstezac, los entes públicos debían cubrir de manera proporcional las obligaciones del instituto.
Por tanto, Rodarte Hernández señaló que la reforma eliminó ese respaldo institucional, retirando el principal mecanismo que garantizaba el cumplimiento de las prestaciones, situación que el proyecto actualmente válida.
“Durante nuestras manifestaciones señalamos que de nada sirve reconocer derechos adquiridos en el texto de la ley o en un proyecto de resolución, si el propio Estado se libera de la obligación real de pagarlos. El reconocimiento formal de derechos carece de efectividad cuando se suprimen los instrumentos que hacen posible su cumplimiento”, expresó.
Asimismo, explicó que el SNTE expuso ante la SCJN que el proyecto omite atender una contradicción central que tiene que ver con el hecho de que la reforma fue presentada como una medida para salvar al instituto de un quebranto financiero, pero la modificación al artículo 128 opera en sentido contrario, al suprimir el esquema de corresponsabilidad estatal que permitía enfrentar esa crisis.
Refirió que la representación de la sección 58 del SNTE acudió a la oficina de cada una de las nueve ministras y ministros para exponer de manera directa estos planteamientos, ya que la resolución que se emita no solo impactará al Issstezac, sino que sentará un precedente determinante para todos los sistemas pensionarios del país.
Rodarte Hernández afirmó que la resolución que se emita definirá si los derechos de las personas pensionadas serán plenamente protegidos en la realidad, o si quedarán sujetos a la voluntad financiera del Estado. Por ello, “reiteramos que este asunto no es únicamente jurídico, sino profundamente humano y social”.
