Ciudadanía Participativa de Zacatecas analizará la posibilidad de presentar una demanda penal para exigir la reparación del daño al erario causado por quienes firmaron contratos para construir el viaducto elevado en el boulevard Adolfo López Mateos, es decir, los exsecretarios de Obras Públicas y Finanzas, y contra el gobernador David Monreal Ávila dado que los funcionarios “no se mandaban solos”.
Francisco Valerio Quintero, integrante de esta organización, recordó que el gobierno del estado pagó 450 millones de pesos a la empresa Hycsa como anticipo y ahora ha trascendido que este corporativo exige un finiquito por una cantidad similar, pero ese recurso no debe salir del erario porque hay personajes concretos que deben responsabilizarse por ello.
Mencionó que, en primer momento, Ciudadanía Participativa actuó en defensa del patrimonio cultural de la ciudad, pero ahora hay la necesidad de actuar en defensa de los recursos públicos de los zacatecanos.
“Queda claro que prácticamente todo lo que había alrededor de la obra se movía entre una obra caprichosa, excesivamente onerosa y ausente a todo respeto a las normas aplicables, No se respetaron las disposiciones en materia de austeridad presupuestal para conseguir los recursos. En el presupuesto emitido por la Legislatura no hay un renglón específico para la obra del segundo piso, lo camuflaron como recursos para infraestructura para mover en la sombra ese dinero”, dijo.
Valerio Quintero afirmó que se utilizaron recursos de manera ilegal porque nunca hubo permisos de ninguna naturaleza para iniciar la obra y entonces “el que incurrió en ese disparate está obligado a reparar el daño, pero hasta el momento solo ha reparado el daño físico e el boulevard y es pertinente que repare el daño económico porque ahí se gastó dinero sin necesidad y de manera arbitraria”.
Es decir, ese dinero que se gastó para comenzar el proyecto no tiene por qué ser aportado por los ciudadanos y entonces el que dio la orden debe responsabilizarse de los costos financieros correspondientes.
Señaló que hay una ley de responsabilidades de los servidores públicos que ignoraron los funcionarios y, contrario a ello, decidieron acatar órdenes improcedentes, de manera que ellos deberán responder por e 452 millones de pesos entregados como anticipo a la empresa, misma que demandará por otros 450 millones de pesos adicionales por finiquitar el contrato, pero ese recurso lo debe poner quien dio la autorización para la obra, no el erario.
Por otra parte, denunció que el propietario del hotel en donde Ciudadanía Participativa realiza sus reuniones ha sido objeto de acoso por parte del gobierno del estado a través de Protección Civil y Salubridad, ya que le hicieron requerimientos que implican cantidades millonarias.
A expensas de conocer más detalles y elementos, “todo aparece como una venganza, como una rabieta del gobierno del estado, pero esta debería dirigirla no al propietario del hotel, sino a quien tomó decisiones absurdas, arbitrarias, infundadas, ilegales y caprichosas”.
