La seguridad pública, en su concepción más arraigada, suele limitarse a la «paz negativa»: la simple ausencia de violencia o delincuencia. Esta perspectiva, si bien fundamental en la respuesta inmediata a los conflictos, se revela insuficiente para abordar las causas profundas que alimentan la inestabilidad social. Al centrarse únicamente en la supresión de los síntomas, la paz negativa ignora las carencias estructurales y las injusticias subyacentes que persisten en la sociedad, dejando una falsa sensación de calma que puede desmoronarse en cualquier momento. Sin embargo, la complejidad inherente a nuestras sociedades contemporáneas exige una visión mucho más ambiciosa y holística de la seguridad.
Es aquí donde la Paz Positiva emerge no solo como un ideal deseable para la convivencia, sino como un imperativo ético-político ineludible. Esto significa que es una obligación moral y una necesidad pragmática para cualquier gobierno que aspire a diseñar políticas e indicadores que no solo contengan el delito, sino que realmente transformen la realidad social, construyendo entornos donde la justicia, la equidad y el bienestar sean la norma.
Esta noción trasciende la mera ausencia de conflictos. Como lo resalta la educación para la paz, la Paz Positiva implica la construcción de un nuevo orden basado en la solución no violenta de controversias y, fundamentalmente, en la justicia. Equivale a la práctica efectiva de los derechos humanos en todas sus dimensiones: económica, social, política, civil y cultural. Lejos de ser una utopía romántica, es un concepto anclado en los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reflejando la lucha de la humanidad por el bienestar, el reconocimiento de derechos inherentes y un modelo universalmente aceptado de sociedad. Es la aspiración a una sociedad donde la dignidad humana no solo se respeta, sino que se promueve activamente.
Diseñar políticas públicas con la Paz Positiva como eje central significa ir más allá de la respuesta reactiva al crimen. Implica un enfoque proactivo e integrado que aborde las causas estructurales de la inseguridad. La experiencia demuestra que invertir masivamente en la justicia penal, aunque necesario, no es suficiente. La criminalidad no es un problema aislado; está intrínsecamente ligada a desafíos sociales como la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la corrupción y la impunidad.
Por ello, las políticas públicas deben:
• Incorporar una perspectiva de género transversal:Analizar el impacto de las decisiones en mujeres y hombres, eliminando barreras y garantizando una vida sin violencia en todos los ámbitos.
• Fomentar la participación ciudadana: Empoderar a comunidades y organizaciones locales en el diseño e implementación de políticas preventivas, fortaleciendo así la democracia.
• Atender las necesidades sociales fundamentales:Mejorar el empleo, la educación, la salud y la vivienda como intervenciones preventivas esenciales que reducen la delincuencia y fortalecen la cohesión social, procurando una igualdad real.
• Promover una cultura de derechos humanos y de paz:Sensibilizar e informar a través de la educación y los medios de comunicación, defendiendo la libertad de expresión como pilar democrático.
La efectividad de estas políticas preventivas no puede medirse solo con indicadores cuantitativos de criminalidad. Es crucial diversificar y ampliar el espectro de las mediciones, reflejando la calidad de vida social, la inclusión, la satisfacción de necesidades, el acceso a la justicia y la confianza institucional. Para lograrlo, es necesario definir objetivos claros para cada programa, recopilar información diversificada y estandarizada (superando resistencias institucionales), realizar evaluaciones rigurosas y transparentes que permitan aprender de las experiencias, y democratizar la información, haciéndola pública y accesible para una ciudadanía más informada y analítica.
En síntesis, la Paz Positiva nos invita a redefinir la seguridad pública. No se trata de controlar el caos, sino de construir una sociedad más justa, equitativa y participativa. Es un camino complejo que exige voluntad política para integrar la perspectiva de género, fortalecer los mecanismos de avance de la mujer y superar las contradicciones entre el discurso democrático y las prácticas autoritarias. Gobiernos y sociedad civil tienen la obligación compartida de promover y proteger estos derechos. Solo así transformaremos la «seguridad» de un mero eslogan en una realidad tangible de bienestar, desarrollo y convivencia pacífica para todos. El compromiso con la Paz Positiva es, sin duda, la hoja de ruta para el progreso de nuestra nación.
@armandogn_zac
