Alberto de Santiago Murillo, presidente de la Asociación de Agricultores de Áreas Agrícolas y Pecuarias de Zacatecas, denunció que los precios impuestos por intermediarios están obligando a productores a dejar sin cosechar sus cultivos de tomatillo, ante la imposibilidad de recuperar lo invertido.
Señaló que una hectárea puede implicar entre 10 mil y 15 mil pesos en insumos, pero actualmente el kilo de producto ꟷa pesar de su buena calidad− apenas se paga a un peso, cuando en los tianguis puede venderse hasta en 10 y en tiendas de autoservicio alcanza los 20 o 25.
“No se trata de la ley de la oferta y la demanda”, afirmó. Los precios no caen por saturación del mercado, sino porque quienes controlan la comercialización manipulan el valor de los productos a su favor. “El productor recibe casi nada, mientras el consumidor sigue pagando caro”, enfatizó.
El dirigente reclamó la inacción del Poder Legislativo, señalando que no ha establecido mecanismos legales que protejan al productor primario.
Propuso que se legisle para fijar precios mínimos en función de la inversión realizada, de modo que al menos se garantice la recuperación de costos. “Con los precios actuales, ni siquiera sacamos el gasto de la cosecha”, lamentó.
Criticó también que, mientras se aprueban reformas orientadas a beneficiar a grupos políticos, el campo siga sin ser una prioridad. “Si de verdad les interesara la seguridad alimentaria, ya habrían fortalecido a quienes producimos los alimentos”, afirmó.
Advirtió que los productores están “a punto del quebranto”, y que cada año desaparecen agricultores debido al envejecimiento, la falta de financiamiento, el alza en los insumos, los problemas de comercialización y el abandono institucional.
El llamado “coyotaje” representa una amenaza estructural para el campo zacatecano, subrayó De Santiago: “Es una figura leonina que se está quedando con el esfuerzo de quienes sí trabajamos la tierra”.
