Se puede decir, junto con Evelina Dagnino, que desde los años 80 la noción de ciudadanía entró gradualmente en el vocabulario político y social corriente de América Latina, convirtiéndose en un elemento progresivamente importante en el debate político y en los enfoques de las ciencias sociales. En efecto la ciudadanía, en la historia latinoamericana, no parece haber sido un término central, ni como categoría de análisis, ni como forma de referencia política crítica al problema de la desigualdad. Más aún, en la mayoría de los países de la región, “ciudadanía” sigue sin ser un término central de las ciencias sociales, aunque involucra creciente atención en el ámbito de la política.
La ciudadanía parece generalizarse en el debate como resultado de procesos específicos, y adquiriendo formas singulares. El término entra en el lenguaje político y académico como consecuencia, por una parte, de las transiciones y consolidaciones democráticas de las últimas décadas del siglo (íntimamente ligadas al fin de la Guerra Fría); y por la otra, del ocaso relativo del pensamiento marxista y del conjunto de perspectivas clásicas que trataron de dar cuenta de la especificidad del subdesarrollo. Por ello, parece ser un término nuevo, inseparable del fin de siglo 20 y de su significación para la región.
El debate político y la producción académica latinoamericana (aún limitada) en torno al término de ciudadanía han tomado, además, un giro propio. Hacen énfasis, habitualmente, en la perspectiva de la relación entre ciudadanía como conjunto formal de derechos y atributos institucionales y la inclusión o exclusión efectiva que las ciudadanías (latinoamericanas) implican. Como si el hecho de la democratización hubiera sacudido a la política y las ciencias sociales latinoamericanas respecto de sus formas clásicas de percibir al Estado como una superestructura de dominación condenada por su historia y naturaleza; hoy el debate parece recentrarse en las estrategias efectivas de convertir al Estado en un vehículo de inclusión por medio de la participación ciudadana y las políticas económicas, sociales y culturales. El eje inclusión-exclusión se presenta así como el modo latinoamericano de abordar el problema de la ciudadanía.
La “agenda contemporánea” de la ciudadanía latinoamericana abarca, de esta manera, el problema clásico del desarrollo y de la búsqueda de formas más incluyentes de funcionamiento de las economías capitalistas locales; pero incluye modos nuevos de tematizarlo. Entre éstos, como sugiere Dagnino, aparecen las reformas políticas del Estado que ponen a éste último más cerca de los ciudadanos, quebrando el elitismo clásico o la captura del Estado por parte de los grupos de interés; o las estrategias políticas de inclusión de los grupos o sectores que, por diferentes razones históricas, sólo en el marco de la democracia pueden presentar exigencias de derechos o emprender la reconstrucción de sus identidades culturales y políticas. Los tonos del debate y de la investigación en términos de ciudadanía han dependido de los contextos políticos y sociales particulares, reflejando las características de los procesos de cada país. Pero se puede identificar un enfoque común en el problema de la inclusión históricamente inacabada en una comunidad política y económica ahora sólo parcialmente democratizada.
Por ejemplo, en el caso de México, históricamente predominó como eje el problema de los derechos ciudadanos efectivos en un sistema de partido único creado por una legendaria revolución social cuya estrategia, originalmente con perspectivas (ideológicas) inclusionistas, había terminado encubriendo el mantenimiento de fuertes estratificaciones y desigualdades. La disgregación del control político monológico del Estado por el Partido Revolucionario Institucional abrió, además del problema de la “inclusión inconclusa”, el problema de la navegación por las aguas turbulentas de la crisis de la deuda externa y los efectos socialmente centrífugos de las reformas económicas de los años 90.
En América Latina, como propone Dagnino, la ciudadanía se redefine así como “el derecho a tener derechos”, rompiendo con una historia de ciudadanías “concedidas” (a través del intercambio de favores materiales por lealtades político-electorales) y “reguladas” (por la inclusión selectiva y pautada por el Estado de grupos y territorios). Este “derecho a tener derechos” rompe también con el autoritarismo social y cultural que estableció históricamente jerarquías duras de derechos entre grupos y sectores, así como fuertes privaciones políticas y materiales entre estratos y territorios. El “derecho a tener derechos” se plasma, finalmente, en el derecho a participar en la definición de la sociedad a través de su sistema político. Así, el participacionismo aparece, junto con el eje inclusión-exclusión, como otra de las facetas más destacadas de la definición latinoamericana de ciudadanía. Sus significados van desde el uso de ciudadanía como sinónimo de población, reemplazando gradualmente al antiguo uso de la palabra “pueblo”, hasta tonos más radicales que demandan la cogestión ciudadana de las políticas públicas.
