■ “No fuimos capaces de una mayor resistencia a proceso de registro de evidencias profesionales”
■ SEP ha usado hostigamiento o prebendas para obligar o motivar a participar: Montoya
Víctor Hugo Montoya Gómez, dirigente del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano (MDMZ), admitió que la disidencia no fue capaz de impulsar una mayor resistencia de los maestros al proceso de registro de evidencias profesionales, por lo que ahora la movilización se focalizará en el bloqueo de las sedes de aplicación de la evaluación de permanencia.
Asimismo, denunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha utilizado una estrategia tanto de hostigamiento como de prebendas a los maestros, con la finalidad de obligarlos o motivarlos a participar en el proceso de evaluación, desde mejorar su percepción económica en 35 por ciento, hasta tener créditos de vivienda preferenciales.
En Zacatecas, reiteró que sigue en pie la intención de bloquear las sedes de aplicación de la evaluación, debido a que “pretende flexibilizar la relación laboral del magisterio, eso es muy claro”.
Comentó que sólo los docentes convocados a evaluarse en esta primera etapa son quienes serán avisados con precisión sobre las sedes y el horario, por lo que esperarán a que ellos lo notifiquen para organizar el boicot el 14 y 15 de noviembre próximo.
Montoya Gómez indicó que, lamentablemente, la mayoría de los maestros ya subió evidencias profesionales a la plataforma de Internet, lo que obedeció a que “no fuimos capaces de generar una condición de resistencia más amplia y los compañeros convocados acordaron que el tema de un subir evidencias era estrictamente personal”.
Dijo que la respuesta de los maestros a la convocatoria de no subir evidencias no resultó como se esperaba, y por lo tanto “lo que nos queda es el bloqueo de las sedes de aplicación de la evaluación”, que se efectuará el 14 y 15 de noviembre.
No obstante, aseguró que hay muchos maestros que están en la idea de no subir las evidencias profesionales, cuyo plazo vence este sábado, asumiendo con ello los riesgos y las consecuencias.
Lo que demuestra el carácter punitivo de la evaluación, afirmó Montoya Gómez, es que el Gobierno Federal ha lanzado ganchos a los docentes para que participen, entre ellos el mejoramiento de su salario y el otorgamiento de un crédito de vivienda, “como si ese no fuera el derecho de los maestros, tener acceso a una vivienda”.
“Hasta ahí se ha degradado la convocatoria de la autoridad para participar en el proceso de evaluación, a intentar sobornar a los trabajadores de la educación ofreciéndole cosas que ya son derecho del magisterio”, concluyó.
