Ciudadanos, organizaciones y colectivos de mujeres denunciaron delitos electorales graves en el marco de las campañas para la renovación del Poder Judicial. Señalaron que, desde inicios de mayo, han documentado en el estado la operación de Servidores de la Nación en acciones sistemáticas de coacción del voto, motivo por el cual interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público Federal, con fecha de recibido el 30 de mayo.
Las y los denunciantes detallaron que las personas beneficiarias de programas sociales en el estado “han sido presionadas para entregar listas de al menos 10 votantes, incluyendo nombre completo, teléfono, clave de elector y copia de sus credenciales de votar”.
Desde el 28 de mayo se registró la distribución de guías marcadas para votar en domicilios de beneficiarios del programa “Salud Casa por Casa”, agregaron.
Mencionaron que, a diferencia de estos acordeones que constituyen un delito electoral, las guías ciudadanas para orientar a los ciudadanos no atentan contra la legalidad del proceso, sino que son una respuesta cívica ante un contexto de desinformación.
Informaron que su denuncia ha sido acompañada de videos, fotografías, capturas de pantalla de mensajes que evidencian el condicionamiento del voto, listas de votantes reclutados, notas periodísticas, así como una solicitud formal para que se cite a declarar a la periodista Norma Galarza, quien publicó información con nombres de presuntos implicados.
Detallaron que ampliarán la denuncia con nuevas pruebas e invitaron a otras candidaturas a sumarse si cuentan con evidencias similares, pues tienen conocimiento de que hay más denuncias en ciernes.
Solicitaron una respuesta urgente de la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR) para resguardar los vehículos oficiales de la Secretaría del Bienestar en el periodo del 28 de mayo al 2 de junio.
Además, pidieron la suspensión de trabajo de campo de servidoras y servidores públicos durante el mismo periodo, así como un pronunciamiento institucional que garantice a los trabajadores que no pueden ser obligados a realizar actividades proselitistas, invitándolos a denunciar estas prácticas con plena protección de sus derechos laborales.
Durante la rueda de prensa, Elena Ortega Cortés, de la Red Plural de Mujeres, subrayó que esta elección inédita enfrenta graves riesgos por la intervención del Ejecutivo estatal y de la delegación federal del Bienestar, y llamó a las autoridades a apartarse del proceso para garantizar su legitimidad.
Lydia Vázquez, del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), advirtió que la estructura federal “ya tiene garantizada una votación a modo”.
En respuesta a preguntas sobre llamados al abstencionismo, Ortega Cortés reconoció que existe una corriente ciudadana que promueve no participar en la elección, pero aclaró que las organizaciones convocantes sostienen una postura firme a favor del voto.
Por su parte, el representante del Frente Social de la Soberanía Popular, explicó que la amenaza de boicot a la elección judicial por parte del magisterio es consecuencia de la falta de atención del gobernador del estado, a quien responsabilizó de todos los conflictos.
Señaló que el Ejecutivo ha enviado únicamente “funcionarios de segunda y tercera” a dialogar, sin resolver nada, y que esa omisión ha generado un ambiente propenso a la protesta radical.
Por su parte, José Luis Ramírez Huízar, representante del Centro de Investigación Multidisciplinaria A.C. y de la expresión política “Somos México”, expresó que, desde su perspectiva, la elección judicial está tan viciada por la intervención del Ejecutivo y Legislativo que constituye una “elección de Estado”. Reconoció que algunos ciudadanos, como él, han promovido la abstención como forma de protesta, aunque aclaró que respetan la decisión de quienes sí acudan a votar.
