Un obispo influyendo en legisladores antes de votar una iniciativa relacionada con los derechos humanos de las mujeres. Médicos que niegan abortos en hospitales públicos, pero los realizan en consultorios privados. Más de mil carpetas de investigación en la Ciudad de México contra mujeres que abortaron, pese a ser legal. Estas fueron algunas de las denuncias que se escucharon en el Foro «Avances y retos en la legalización del aborto: Caso Zacatecas», donde activistas, especialistas y representantes de salud debatieron sobre lo que sigue tras la despenalización del aborto en el estado.
Maribel Luna Martínez, de Católicas por el Derecho a Decidir y Anahí Rodríguez del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), al hablar de la centralización de las clínicas en estados como Oaxaca y la negativa de algunas personas en centros de salud que ofrecen el servicio pero lo ocultan o niegan al ser consultados, señalaron que esta falta de acceso e información son las primeras barreras para acceder a los servicios de interrupción del embarazo.
Sobre la objeción de conciencia se expuso el caso de una niña violentada sexualmente en Jalisco, quien pese a tener derecho al aborto por la NOM-046, la clínica le negó el servicio, violando la ley que establece que ninguna institución puede declararse objetora de conciencia.
«En las clínicas te ponen muchos obstáculos. Desde que te hacen escuchar los latidos hasta que te dicen ‘vuelva después’ una y otra vez, hasta que ya no puedas abortar dentro del plazo legal”, expusieron agregando que esta práctica genera muchos problemas en estados como Guanajuato, Querétaro y Jalisco.
Se explicó la importancia de que el aborto se regule como un servicio de salud pública y dentro del Código Penal solo exista la figura del aborto forzado. Este criterio además de ser una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) vigente en países como Canadá y Australia, terminaría con la criminalización patente en las mil carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto en la Ciudad de México.
Injerencia de obispo Sigifredo Noriega: lo que más frenó el acceso a los derechos
Por parte del Movimiento Feminista de Zacatecas, Emilia Pesci Martínez expuso el recorrido de 17 años de lucha por la despenalización del aborto en el estado. Desde la primera iniciativa presentada en 2007 el camino estuvo marcado por el acoso e intervención de la Iglesia Católica en la política, narró.
La ex diputada Alma Dávila enfrentó amenazas directas y se vio obligada a denunciar públicamente la violencia psicológica de la Iglesia contra ella y su madre, luego de impulsar una iniciativa para la despenalización del aborto en 2019, recordó Pesci.
En 2021, las colectivas feministas presentaron una iniciativa ciudadana para despenalizar el aborto, respaldada por 2 mil 485 firmas. Sin embargo, la propuesta fue bloqueada en comisiones del Congreso. La 64 Legislatura, lejos de atender una deuda histórica con las mujeres, se alineó con los intereses del obispo Sigifredo Noriega Barceló continuando una alianza patriarcal entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno estatal, indicó la activista.
Detalló que las pugnas en el Congreso tras la presentación de las iniciativas el 19 de septiembre, en cumplimiento de la sentencia del Poder Judicial de Zacatecas, impidieron que se reformara la Ley de Salud. Diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron que la reforma a esta ley fuera eliminada, además de que se postergara la discusión bajo el argumento de que era necesario un análisis de impacto presupuestal; ignorando que los Servicios de Aborto Seguro operan dentro del sistema de salud estatal y proveen una plataforma consolidada para la prestación de estos servicios.
Karla Estrada, presidenta honorífica del DIF Municipal y diputada local, sigue sin dictaminar la iniciativa en su calidad de presidenta de la Comisión de Salud de la 65 Legislatura, pese a que su dictamen debió resolverse en un plazo máximo de 45 días, señaló Emilia Pesci.
La feminista enfatizó que la despenalización del aborto en Zacatecas fue posible gracias al movimiento amplio de mujeres en Latinoamérica y se refirió a algunos de los retos por venir explicando que, para hablar de aborto libre, se debe partir de una cobertura total en el acceso a los anticonceptivos.
Zacatecas cuenta con tres servicios de aborto seguro
Para finalizar el foro, una médica adscrita a los servicios de salud explicó que actualmente el estado cuenta con tres unidades que ofrecen aborto seguro, siendo el servicio más operativo el de la UNEME Urgencias. La especialista detalló que, aunque el horario es limitado, nunca se niega la atención y el acceso oportuno a las solicitantes.
Refirió que en el CEPAVIF estatal la atención es de 8 a 20 horas, y que esta institución lleva una bitácora para hacer un seguimiento y garantizar que quienes soliciten el aborto no enfrenten negación del servicio ni dilaciones injustificadas. Afirmó que tanto el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo, como la directora de Salud Pública, Ana María Monreal, están comprometidos con garantizar el acceso a este derecho.
Detalló que el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro está firmado por el ISSSTE y el Seguro Social, lo que obliga a estas instituciones a garantizar el servicio sin excusas.
Pese a los recortes en presupuesto, los insumos nunca han faltado e incluso se han compartido con el ISSSTE, mencionó. Además, resaltó que los ginecoobstetras no son los únicos capacitados para brindar una atención adecuada, pues médicos generales, personal de enfermería, e incluso trabajadores sociales puede ser capacitados para asegurar el acceso al servicio.
Al compartir su número telefónico personal para recibir casos de negación del servicio, expuso que lo hacía no exenta de miedo, pero con la convicción de que la misión de los Servicios de Aborto Seguro es garantizar el derecho a la salud y la autonomía reproductiva de las personas.
