Dada las cifras alarmantes que tiene el estado de Zacatecas en materia de desaparición forzada, diputados y diputadas de la 64 Legislatura priorizaron, en sesión de la Comisión Permanente, dicha problemática mediante dos Puntos de Acuerdo: en el primero de ellos, exhortaron a las autoridades involucradas a que realicen acciones coordinadas, eficientes y oportunas, para prevenir, erradicar, investigar y sancionar este flagelo, en tanto que, en el segundo, llamaron a replantear la estrategia de combate ante los altos índices de desaparición en la entidad.
En un primer momento, la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), María del Mar de Ávila Ibargüengoytia exhortó al Gobernador del Estado de Zacatecas, a los integrantes del Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de Búsqueda de Personas de Zacatecas, al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y a los integrantes de las Comisiones Legislativas de Justicia y de Derechos Humanos de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Zacatecas para que, en ejercicio de sus atribuciones, realicen acciones coordinadas, eficientes y oportunas para la atención, prevención, erradicación, investigación y sanción del delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
Para la legisladora, una gran cantidad de desapariciones han ocurrido por la omisión de acciones y falta de voluntad de las autoridades de todos los niveles de gobierno, así como por complicidad de la misma autoridad con la delincuencia organizada.
De Ávila Ibargüengoytia expuso que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) al día 25 de agosto de 2023 son 292 mil 666 el total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en el país, de las cuales 97 mil 492 son personas desaparecidas, 13 mil 482 personas no localizadas, 168 mil 431 personas localizadas con vida y 13 mil 261 personas localizadas sin vida.
Según la legisladora, el mismo registro arroja datos preocupantes para Zacatecas, pues el estado ocupa el onceavo lugar de las entidades con más casos de personas desaparecidas y no localizadas en el país después de Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Sinaloa, Michoacán, Sonora y Guerrero. En términos históricos, expuso, para el 25 de agosto de 2023, en Zacatecas se tienen 3 mil 600 personas desaparecidas y no localizadas. Los municipios con mayor número de desapariciones son Fresnillo con 740, Zacatecas con 416, Guadalupe con 382, Río Grande con 186, Jerez con 182, Calera con 146, Villa de Cos y Ojocaliente con 119, Valparaíso con 109 y Sombrerete con 81.
A partir del 2016 a la fecha, detalló, además, se concentran aproximadamente 75 por ciento de las víctimas históricas al registrar 2 mil 696 casos: en 2016 fueron 109; en 2017, 158; en 2018, 162; en 2019, 246; en 2020, 326; en 2021, 689; en 2022, 465 y hasta el 25 de agosto de 2023, la cifra alarmante de 541casos.
Los municipios más afectados en lo que va del año, de acuerdo con la panista son Fresnillo con 152 casos, Guadalupe con 62, Zacatecas capital con 50, Jerez con 36, Ojocaliente con 32, Calera con 18, Trancoso con 12, Villanueva con 11, Sombrerete con 10, Villa Hidalgo con 10, Pinos con 10 y Loreto con 10.
Esta crisis, dijo la legisladora desde tribuna, no sólo implica el sufrimiento de ignorar el destino final que las personas desaparecidas pueden correr, ni el temor y la incertidumbre por tiempo indeterminado, de conocer el paradero de su ser querido, sino que también es reflejada a diario en los familiares de las personas desaparecidas, quienes a través de sí mismos, de representantes, de colectivos o de asociaciones se enfrentan a la indiferencia, a la insensibilidad y a los escasos resultados obtenidos por las instituciones de procuración de justicia, tanto en la búsqueda y localización de las víctimas directas como en el conocimiento de la verdad de los hechos en torno a la desaparición.
“La desaparición de personas deja familias incompletas que con el poco recurso económico que tienen, y a pesar de la indiferencia de las autoridades, siguen en pie de lucha hasta encontrarlos a todos; salen a campo a buscar en lotes baldíos, sembradíos, el monte, cañadas, riberas de ríos o casas abandonadas donde se presume la existencia de fosas clandestinas, expuestas a sufrir intimidación, persecución y represalias por grupos de la delincuencia organizada. Tan desprotegidas se encuentran que corren el riesgo de desaparecer o hasta de perder la vida”, señaló.
Familiares de desaparecidos también manifiestan la problemática que representa la rotación continúa de personal en las dependencias que les atienden, pues cada que esto sucede, se tiene que iniciar de cero; de la falta de recursos en las dependencias, la falta de empatía y sensibilidad al no reconocer está grave problemática, como ocurrió en el municipio de Jerez, donde trabajadores del Ayuntamiento retiraron fichas de búsqueda.
“Basta de ignorar, de minimizar, de ser indiferentes ante esta problemática que afecta a la sociedad zacatecana, se tiene que reconocer la crisis y visibilizar la lucha de los colectivos de búsqueda. Y sí, tenemos que empezar en la propia Legislatura. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado, o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de ayuda inmediata, restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, de no repetición y de reparación integral del daño; tienen el Derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Ayuda, Asistencia y Atención”, concluyó.
Por su parte, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz del diputado Jehú Eduí Salas Dávila, recordó que en 2020 en Zacateas se expidió la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Zacatecas, con lo que se buscó establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades del estado y los municipios para la búsqueda de las personas desaparecidas, la investigación y esclarecimiento de los hechos, así como para combatir y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
Dicha ley, entre otras cosas, creó el Mecanismo Estatal de Búsqueda que se integra por los titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, Finanzas, Salud, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), la Comisión local de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEAV), el Titular del Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y tres personas del consejo ciudadano que representen a cada uno de los sectores que lo integran.
Y de acuerdo con el artículo 18 de la citada ley, las sesiones del Mecanismo Estatal de Búsqueda deben celebrarse de manera ordinaria, por lo menos, cada tres meses y de manera extraordinaria, cuantas veces sea necesario a propuesta de un tercio de sus integrantes.
En ese sentido y dada la situación que aqueja a Zacatecas, y toda vez que han transcurrido más de tres meses desde la última ocasión en que sesionó este mecanismo interinstitucional, consideraron necesario que se reúna nuevamente con el objetivo de replantear la estrategia implementada en la entidad y con ello tomar acciones más eficientes para combatir este fenómeno de inseguridad que ha alcanzado limites históricos y que hoy convierte a Zacatecas en el estado en el que las personas tienen más posibilidades de desaparecer.
