En Zacatecas, durante el actual proceso electoral se tienen registradas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) dos candidaturas de acción afirmativa que corresponden a Julia Olguín Serna, candidata a la diputación federal por el Distrito 2, y a Raymundo Moreno Romero, candidato al Senado por el tercer Distrito; además, Claudia Anaya cuenta con el registro de candidatura de discapacidad, aunque no se incluye dentro de estas medidas de acción afirmativa.
Moreno Romero, de la coalición Fuerza y Corazón por México, es candidato representante de la población de la diversidad sexual; mientras que Olguín Serna, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, representaría a la comunidad afromexicana.
Las candidaturas de acción afirmativa tienen por objetivo incluir a grupos históricamente vulnerados en los cargos de elección popular, promoviendo la igualdad de oportunidades y una representación justa. Las personas con discapacidad, indígenas, migrantes, de la diversidad sexual y afrodescendientes, son los sectores poblaciones que el INE solicita a los partidos políticos incluir dentro de sus candidaturas.
Mediante el Acuerdo INE/CGE625/2023 se estableció que, para estos grupos poblacionales, los partidos políticos deben reservar al menos 63 candidaturas de diputaciones y senadurías federales: 39 para personas indígenas, nueve para personas con discapacidad, seis para personas migrantes y residentes en el extranjero, cinco para personas afromexicanas y cuatro para personas de la diversidad sexual.
En el Senado de la República esta elección federal incluirá por primera vez nueve lugares asegurados para candidaturas de acción afirmativa, por medio de los principios de representación proporcional y de mayoría relativa.
Para las candidaturas de población indígena, el INE especifica que las postulaciones deben contender en estados con una concentración de más del 30 por ciento de personas indígenas (que es el caso de Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán).
Mientras que, para las personas de la diversidad sexual y afrodescendientes, “(sus) candidaturas podrán participar en la contienda en entidades: una de alta y otra de baja competitividad”.
Lo anterior deriva en que se cuestione si estas acciones garantizan una verdadera inclusión de personas históricamente marginadas de los puestos de representación popular; además de que da lugar a desafortunados intentos por acaparar estas candidaturas, por parte de personas que pueden no demostrar su pertenencia a grupos excluidos.
El INE implementa algunas medidas para verificar que la autoadscripción a estos grupos por parte de candidaturas, sea legítima; sin embargo, mientras que para las personas con discapacidad una constancia médica es un documento probatorio de esta condición, para las personas de la diversidad sexual, indígenas o afrodescendientes, bastaría con la propia declaración de pertenencia a uno o más de estos grupos.
Matías Chiquito, vocal ejecutivo del INE, hizo hincapié en que para que se revierta el uso oportunista de estas candidaturas de acción afirmativa, es necesaria la vigilancia de la ciudadanía y la presentación de quejas ante los órganos electorales correspondientes.
