La convención nacional de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), la principal organización en favor de las armas en Estados Unidos y uno de los mayores donantes del Partido Republicano, comenzó el viernes en Houston. En el programa del encuentro, anunciado como “un fin de semana repleto de libertad para toda la familia”, se incluyen presentaciones del ex presidente Donald Trump y el senador federal texano Ted Cruz, entre otras figuras del conservadurismo.
Efectuada apenas tres días después de la masacre que tuvo lugar a 450 kilómetros, en la localidad de Uvalde, la convención estuvo inevitablemente marcada por dicho acontecimiento. Sin embargo, los oradores y asistentes presentaron una interpretación muy peculiar acerca de las causas y, sobre todo, de las maneras de evitar que se repitan tragedias como la que dejó 19 niños y dos profesoras de primaria muertos a manos de un hombre armado con un rifle de asalto AR-15, modelo que adultos e infantes pudieron manipular como si se tratase de una mercancía cualquiera durante el acto de la NRA.
Para el ex Donald Trump la respuesta pasa por eliminar las zonas escolares libres de armas y, en cambio, exigir que los planteles tengan un único punto de entrada, un fuerte vallado exterior, detectores de metales y puertas reforzadas, además de guardias y maestros armados. Asimismo, llamó a hacer más fácil el confinamiento de trastornados mentales, ignorando que quienes perpetran los tiroteos masivos normalmente no han sido diagnosticados de ningún padecimiento. Por su parte, Cruz afirmó que “no debemos reaccionar ante el mal y la tragedia abandonando la Constitución”, en referencia a la segunda enmienda, una disposición de 1791 en la cual se prohíbe infringir “el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Por su parte, Wayne LaPierre, director ejecutivo de la NRA, lamentó la pérdida de “21 hermosas vidas”, pero insistió en que la respuesta no es “restringir los derechos humanos fundamentales de los estadunidenses”.
Para el observador externo, uno de los aspectos más chocantes de la relación de la sociedad estadunidense con las armas de fuego reside precisamente en el inflexible y fanático dogmatismo con que se ha arraigado la noción de que poseer estos instrumentos es un derecho humano irrenunciable de los ciudadanos. Esta singular perspectiva no sólo alienta el armamentismo que ha hecho de Estados Unidos el país poseedor de 40 por ciento de las armas en manos civiles a escala planetaria con apenas 4 por ciento de la población mundial, sino que genera una clausura automática de cualquier posibilidad de debate en términos sensatos y racionales.
Si a lo anterior se añade la estrecha relación entre el lobby armamentista y el partido que actualmente controla la Suprema Corte (y que en noviembre próximo tiene amplias posibilidades de recuperar el Congreso), se dibuja un escenario nada halagüeño para los sectores que claman por poner fin a la espiral de violencia y establecer un control efectivo sobre la adquisición de armas, en particular de aquellas que por sus características no tienen ninguna razón de ser en manos ciudadanas y que a la postre alimentan en muchas ocasiones a los grupos delictivos que operan en México y obviamente en Zacatecas.
