La senadora Amalia García Medina se pronunció por unificar a la nación y a las distintas fuerzas políticas, económicas, sociales, a favor de los migrantes.
En su intervención dentro de la sesión de la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión, García Medina precisó que, en Estados Unidos, los jueces juegan un papel relevante, ya que incluso pueden revertir decisiones tomadas por el presidente Donald Trump.
Puso como ejemplo de este poder luego de que un juez suspendió la orden ejecutiva de Trump cuando el mandatario decidió que todos los nacidos en Estados Unidos, pero hijos de migrantes, no podrían mantener la ciudadanía Ius soli, pese a que este concepto se encuentra en la Constitución de los Estados Unidos.
Refirió que una cuarta parte de las solicitudes de asilo que fueron rechazadas por oficiales de migración en 2023 y fueron revertidas por jueces en los juzgados de las Cortes.
García Medina especificó que su planteamiento se centra en que se focalice el recurso, ya que consideró que es muy relevante que el gobierno de la república emprenda con distintas iniciativas una política de acercamiento múltiple. Por ende, propuso que la interlocución entre las autoridades de las ciudades santuario y la academia a través de mesas de trabajo para llegar a acuerdos.
«Son más de 25 ciudades santuario en los Estados Unidos han empezado redadas incluso en esas ciudades santuario, como Chicago, hace unos cuatro días, y las autoridades y la policía de Chicago estuvieron totalmente en desacuerdo con los oficiales de migración», aseguró.
En cuanto a lo que deben hacer los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, dijo que se deben puntualizar qué acciones les corresponden para que no sean esfuerzos dispersos, sino una acción estratégica y coordinada.
Finalmente, reiteró que las cuestiones urgentes son: no a la apostilla en documentos de migrantes e inclusión de todos los que regresen a las escuelas sin pedirles documentos. Y en el ámbito laboral, consideró muy positivo que el Consejo Coordinador Empresarial haya desplegado la decisión de incorporar esa calidad y conocimiento, y que ahora, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación deben hacer una certificación de competencia laboral.
