La Constitución de Cádiz, votada en 1812, de corte liberal, introdujo libertades hasta entonces desconocidas para los súbditos de la Corona española, al agregarle el apelativo de la Monarquía Española, contempló leyes relacionadas con la instrucción de la metrópoli y los reinos de ultramar. Tal fue el caso del artículo 131, que mencionaba la necesidad de formar un plan general de enseñanza, y el 366, que ordenaba a los gobiernos, en sus diferentes niveles, fundaran escuelas y vigilaran el funcionamiento de las que ya existían. Al respecto, el segundo de estos artículos mencionaba la necesidad de que “en todos los pueblos de la Monarquía se establezcan escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles” (Castañeda, Carmen; 1984, pp. 197-198). Más detalles con sus buenas intenciones e implicaciones prácticas sobre estos artículos los abordaremos en una posterior entrega, por lo pronto bástenos saber, que sobre los mismos, descansó buena parte de la política educativa que rigió de la segunda a la cuarta década del siglo XIX y la sana intención de su aplicación en Zacatecas, sobre todo en la capital de la provincia. En otras palabras, marcaron la tónica de la moda educativa de esa coyuntura o tiempo corto.
Entre los antecedentes de la instrucción pública, previos a las Cortes y la Constitución de la Monarquía Española, están las ideas de los españoles Pedro Rodríguez “Conde de Campomanes”, quien se pronunció en contra de los gremios y la libertad de enseñanza y Gaspar Melchor de Jovellanos, partidarios de la educación popular. De igual forma Jovellanos, quien veía en la instrucción, sobre todo en la primaria enseñanza, la palanca más importante para el progreso y la fuente de la prosperidad social. Rodríguez como Jovellanos fueron destacados ilustrados. En esta época, la palabra ilustración era sinónimo de educación o instrucción. Fue el impulso de la ilustración lo que la Corona española incrementó a partir de la penúltima década del siglo de las luces. Rasgos o principios como los de la enseñanza universal y obligatoria, e incluso gratuita, para los niños pobres, estuvieron presentes en Zacatecas con el establecimiento de las dos escuelas del ayuntamiento de Zacatecas en 1785. Casi 30 años después, para llevar a la práctica las ideas educativas de Cádiz, en la misma capital de la provincia se redactó un plan para el arreglo de las escuelas de primeras letras. Proyecto que, aunque sólo se quedó en eso, dejó constancia de la importancia que tenía para el gobierno llevar la instrucción a los sectores populares. El plan zacatecano, réplica del “Proyecto de Decreto para el arreglo general de la enseñanza pública”, de 1814, sin fecha, se redactó entre este año y los siete que le siguieron. Contemplaba la creación de ocho escuelas para niños pobres y una para ricos. El plan que pretendía abrir nueve escuelas en la ciudad de Zacatecas contemplaba cuatro aspectos relacionados con los niños que acudirían a los establecimientos educativos, los maestros que enseñarían en ellos, los lugares de la ciudad en donde se abrirían las escuelas y los ramos de enseñanza en la que se instruirían a los alumnos. Con un horario discontinuo de asistencia a clases, se cubrirían cuatro horas por la mañana y tres por la tarde, siendo los ramos o materias de aprendizaje el de moral en primer término, para que con él “aprendan, entiendan y obren el catecismo de la religión católica; el que sepan y observen escrupulosamente las leyes de la decencia, de la urbanidad, y demás necesarias para tratar dignamente con sus semejantes y para (ser) buenos españoles…”, (AHEZ. “Plan para el arreglo de las escuelas de primeras letras, según la Constitución de 1812”, anónimo S/F). El resto del tiempo horario, los preceptores lo emplearían para enseñar a sus pupilos las reglas de hablar, leer, escribir y contar.
