La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Raúl “N” y José “N”, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública Municipal de Río Grande al momento de su detención, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa.
De acuerdo con información proporcionada por la FGJEZ, el caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, Extorsión y Delitos de Alto Impacto, a partir de hechos registrados en Río Grande, donde la víctima sería una persona dedicada a la compra y venta de ganado.
Las indagatorias señalan que el afectado, al igual que otros productores pecuarios de la región, presuntamente era víctima de extorsiones, situación que derivó en una investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.
Durante la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó ante el juez de control los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación y formuló la imputación correspondiente. Tras analizar los elementos expuestos, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a ambos imputados por los tres delitos señalados.
Como medida cautelar, el juez determinó imponerles prisión preventiva oficiosa, por lo que deberán permanecer privados de la libertad mientras continúa el proceso penal, conforme a lo establecido por la autoridad judicial.
Ambos fueron detenidos el pasado 21 de octubre durante un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y corporaciones locales; acciones en las que también fue detenido en Tlaltenango José Miguel “N”, director de Seguridad Pública de Momax.
Cabe señalar que la vinculación a proceso no implica una declaración de culpabilidad, por lo que ambos imputados se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.



