Escribió Max Weber en su “La política como vocación”: “…Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio…reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima.”. En relación a los eventos violentos que tuvieron lugar en Nochixtlán, Oaxaca, el domingo 19 de junio, podemos estar seguros de algo antes de rasgarnos las vestiduras: la violencia ejercida fue legítima porque fueron fuerzas del Estado las que actuaron. En su artículo del pasado día 22, en “El financiero”, Raymundo Riva-Palacio ya nos logró convencer que la narrativa del comisionado de la policía federal en Oaxaca, Enrique Galindo, nos enfrenta a una disyuntiva: o es incoherente y por tanto miente, o dice la verdad y por tanto es incapaz. Su punto de vista es que todo el entramado estuvo planeado: “Las autoridades no tienen idea de cuantas personas participaron en esa operación contra ellos, que sí fue planeada y ejecutada a la perfección”. En el “Excelsior” del 21 de junio, Jorge Fernández Meneses también dice: “No se trató de enfrentamientos espontáneos, sino de emboscadas preparadas por estos grupos contra las fuerzas de seguridad”, los grupos referidos son, según el autor, derivados del EZLN, del EPR y de Morena, cuyo objetivo va más allá de la reforma educativa y se enfila hacia 2018. Por otra parte, John Ackerman declaró en el blog de “Revolución tres punto cero” que, en efecto, fue un ataque planeado, pero del gobierno contra los docentes y personas indefensas que los apoyaban. Como apreciamos son dos diferentes narrativas las que se nos presentan. Luis Antonio Espino, en su blog de Letras Libres, indica que el gobierno actual no logra aprender de las crisis que lo han atravesado porque no construye narrativas creíbles que ofrezcan certeza a los ciudadanos dándoles confianza en que sabe lo que está haciendo y no ha sido tomado por sorpresa. Estos errores gubernamentales deberían causar espanto a los creyentes en el “Estado de derecho”, porque parecen implicar que, aparte del narco, otros grupos pueden doblegar al gobierno federal para hacerlo transigir en su objetivo de aplicar la ley -¿o la reforma educativa no fue aprobada por mayoría en el Congreso de la Unión?-. Sin embargo centrémonos en la construcción de narrativas creíbles de los hechos. Hasta el día de hoy la única esperanza de saber que pasó en Nochixtlán reside en los que ahí estuvieron presentes, quienes seguramente tienen recuerdos brumosos y parciales de lo que aconteció, y es esa ausencia de testigos fidedignos lo que beneficia a quienes quieren obtener ventajas electorales de la situación, si es que es la elección de 2018 lo que importa. Pero olvidemos 2018 y recordemos que lo que está en juego es la aplicación de la ley, el castigo a los culpables de los asesinatos en Nochixtlán y la búsqueda de la verdad. Tomemos como guía intelectual el saber que el ejercicio de la violencia legítima para proteger a su población es una de las características del Estado moderno. En Nochixtlán el Estado actuó contra un grupo de personas agrupadas bajo las siglas CNTE, organización disidente del SNTE que los representa a ellos, no a la nación. Ese grupo tenía ya tiempo obstruyendo las vías de comunicación y, obviamente, suspendiendo clases, con la finalidad de lograr que los resultados de la reforma educativa no se les apliquen a ellos. Pero la “reforma educativa” ya no es reforma sino ley de aplicación obligatoria. Entonces la situación es la siguiente: los testaferros del Estado, en representación del “pueblo”, quieren aplicar en Oaxaca una ley que ya se aplica en muchos otros lugares, pero se encuentran con la resistencia de una organización –la CNTE- que representa a un grupo de personas –algunos de ellos acusados de lavado de dinero- que pretende que esa ley no se aplique a sus representados, para lo que organizan acciones de presión. ¿Por qué, entonces, muchos parecen estar del lado de la CNTE y no del gobierno? Es aquí cuando lo que comenta Luis Antonio Espino tiene relevancia: “Las crisis políticas son guerras de narrativas entre bandos que pelean por la credibilidad”, y en algunos sectores de la sociedad mexicana decir que el abominable gobierno asesina a unos indefensos docentes que quieren diálogo resulta creíble ante las evidentes inconsistencias de las agencias policiales. Bien, el diálogo se dio. El problema es que dialogar acerca de la abrogación de la ley de educación entre el CNTE y el Gobierno Federal es inútil, porque las facultades de modificación de la ley son del Congreso de la Unión, y los líderes de la CNTE no han solicitado la presencia de los líderes de bancadas del Congreso. Así que tenemos un nuevo dilema: o bien esos líderes no saben que el Gobierno Federal no puede abrogar la ley, o bien lo saben pero no les importa porque son otros sus objetivos, unos en los que involucrar a los partidos no está contemplados. Pero deberíamos inquietarnos, en un caso por la ineptitud de los líderes y en el otro porque manipulan a las masas para obtener objetivos no declarados. Y en general por el intento de derogar leyes por medios no democráticos. ■
