Comparado con la época de la imaginación política moderna, que inventó el “Estado-nación”, la “sociedad” o la preocupación por el individuo y sus derechos, el nuestro es un período que administra esas construcciones cuando no las priva de todo potencial emancipador. De la misma manera, la carga utópica que la imaginación de los universitarios zacatecanos movilizó, con todas sus fallas y contradicciones, durante los años 70 carece de cualquier correlato en los tiempos que corren. Tiempos en los que la Universidad ha crecido con sesgo hacia la contratación de votantes cautivos debido a que el sistema político electoral interno parece tener todos los vicios del sistema político electoral mexicano, en el que la construcción de identidades políticas se hace con base a intereses inmediatos y de corto plazo. Por eso lo que domina entre los universitarios no es el antagonismo de las ideas, o de los proyectos, sino la pugna por los espacios de control de personas y recursos materiales para lograr la administración facciosa de los derechos de los universitarios. De ahí la necesidad de los distintos grupos de controlar la Coordinación de Personal y la cartera de Admisión, Adscripción y Promoción del Spauaz para instrumentar, desde ahí, las políticas de corporativización que abran, a su vez, la posibilidad de acceder a la Rectoría por tiempo indefinido y reproducir, en su beneficio, el esquema de cosas actual. Un índice de la inercia de ese juego pragmático sobre las conciencias de los dirigentes universitarios es el fracaso del proyecto de transformación total de la Universidad que planteó el Congreso Integral de Reforma de 1999-2000. Se consideró, en ese Congreso Integral, que la burocracia universitaria debería disminuir, que las contrataciones definitivas se deberían hacer con perfil académico –maestría, doctorado-, que debería de haber una optimización de las contrataciones mediante la implementación de áreas con troncos comunes, que la oferta académica se diversificaría planeadamente desde los Consejos de Área, se pensó en construir investigaciones multi, inter y transdisciplinarias que involucraran a varios programas y áreas. Desde el punto de vista político se esperaba que todo lo anterior, y algunas cosas más, contribuyesen a la extinción –por inanición- de los vetustos y polvorientos grupos políticos movidos por intereses ajenos a los establecidos en la Ley Orgánica, y que aparecerían otro tipo de grupos, cuyos intereses fuesen más fuertemente académicos, lo que redundaría, al fin, en un cambio cualitativo en la Universidad volviéndola una organización productora de conocimiento e ideas en beneficio de la sociedad zacatecana.
Todo lo contrario parece haber ocurrido: el número de burócratas creció y, con el pretexto de un dudoso superávit en el presupuesto de funcionarios, sus salarios y privilegios crecieron también. Gasto en planes de telefonía y gasolina para autos se volvieron lo cotidiano en medio de una crisis que dejó sin fondos el retiro de todos los universitarios que ingresaron a la UAZ a partir de 2007; que ascienden a más o menos 1400. Las contrataciones que se hicieron con perfil académico fueron mínimas, privilegiándose el perfil susceptible de corporativización mediante la precariedad en el empleo. No se lograron construir los acuerdos políticos necesarios para la construcción de las áreas y ahí donde se lograron áreas no hubo troncos comunes. Se mantuvo la atomización tan criticada de todos los espacios académicos, no hubo interrelación entre los diferentes espacios académicos y se reforzaron los grupos políticos tradicionales, con lo que la universidad no experimentó un cambio cualitativo, pero sí cuantitativo, agudizando sus problemas internos. Índice inequívoco de esa agudización lo es la crisis financiera recurrente, que muestra que la planeación universitaria sigue siendo una ausencia notable.
Tienen razón los que dicen que la universidad no es un asilo de ancianos, y que su componente axial es la producción y difusión del conocimiento, siendo todo lo demás ancilar. La política de contrataciones debe cambiar para procurar que las nuevas contrataciones respondan a un alto perfil académico a partir de cual se pueda gestionar su financiamiento. Se debe discutir si la organización por áreas es la más adecuada académicamente y si tiene viabilidad política, porque de otro modo se condena a la universidad a mantener un desfase entre la norma jurídica y la realidad que promueve la negociación constante de la norma y la corrupción.
Por supuesto, lo que abre la posibilidad de esta discusión es la proximidad del relevo en la Rectoría, ya que, a contrario sensu de cierta sabiduría política, no es después de las elecciones que se puede negociar una transformación de la Universidad, sino antes. Los sectores conservadores en la universidad, beneficiarios del estado actual de cosas, siempre querrán que una negociación en ese sentido no avance. Y no lo quieren porque una negociación sobre la transformación de la Universidad, que finalice en algún acuerdo, es un dique al progresivo estado de deterioro de la Universidad. Y ese deterioro es lo que esos sectores conservadores quieren mantener porque de eso medran: de la burocracia privilegiada, de los docentes corporativizados con trabajo precario, del desdén por el trabajo académico, del envilecimiento de los sindicatos. Ante eso los grupos que quieran el cambio en la Universidad deben dejar sus ambiciones limitadas: algo más grande nos acecha. ■
