Pasa casi inadvertido, pero es visible. La senadora Soledad Luévano Cantú buscó al fiscal Alejandro Gertz Manero para realizar una peculiar petición, que la Fiscalía General de la República “retome” las denuncias en contra del exgobernador zacatecano Miguel Alejandro Alonso Reyes.
El encargado de despacho que fue ratificado días antes en la Cámara Alta para asumir plenas funciones en el órgano judicial se comprometió con la legisladora a dar el “trámite correspondiente”, otorgar un “un número de denuncia”, conocer quién estaba a cargo de esta y realizar “lo conducente”.
Se ha dicho en el nuevo gobierno federal que el fiscal hará valer plena autonomía, y que no habría más corrupción ni más impunidad. Luego entonces ¿por qué insistir a la Fiscalía que cumpla un compromiso que la administración de López Obrador estaría obligada a resolver? ¿Es sólo el afán de protagonismo que mueve a la senadora, o la zacatecana entiende otro escenario?
Si seguimos la postura puntual de Andrés Manuel López Obrador, entenderemos la reacción de Soledad Luévano. El presidente no ha modificado su posición con respecto a la caja de pandora que representa la corrupción en nuestro país. El tabasqueño ha sido claro desde el día uno: ninguna cacería de brujas, y sanción únicamente si el pueblo así lo decide -como si las instituciones judiciales de este país pudieran vivir a capricho de consultas.
Así fue desde la campaña electoral. El llamado era a la “Reconciliación Nacional” pues López Obrador no iba a “perseguir a nadie”. “Su fuerte”, dijo “no es la venganza”. El mismo Andrés Manuel aseguró el pasado 21 de noviembre, en entrevista con Carmen Aristegui Flores, que abrir los expedientes contra la corrupción, desde Ernesto Zedillo Ponce de León a la fecha, significaría “conspirar contra la estabilidad política del país”. En la agenda de la lucha contra la corrupción de otros gobiernos, es innegable la consistencia del líder de Morena para evitar convertir una promesa de campaña en una crisis institucional.
“Le haríamos más daño al país que beneficios si desatamos una cacería de corruptos”, fueron las palabras textuales del tabasqueño en una entrevista con pocos ambages. Aristegui Flores cuestionó entonces si el tema pudiera abrirse a consulta, a lo que el presidente mostró disposición, más no aseguró ni en qué condiciones ni cuándo se realizaría.
Contrario al intento de “plebiscito” para cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Andrés Manuel aceptó que la consulta sobre los expresidentes la realizara el Instituto Nacional Electoral. Así dictó los tiempos de la lucha contra la corrupción, entre claroscuros y promesas abiertas.
¿Qué condiciones esperaba generar Andrés Manuel López Obrador antes de lanzarse a neutralizar a los actores políticos que lo llevaron al poder? ¿Qué lugar ocupan los exgobernadores en esta lucha contra el “saqueo” nacional? En cinco estados de la república este año habrá elecciones. Muy probablemente ahí comenzaremos a encontrar algunas respuestas.
Queda claro que las complicidades en la pasada elección presidencial fueron necesarias en un triunfo con 30 millones de sufragios, de los cuales una tercera parte salieron del voto duro priísta. Morena reconoce la existencia de un acuerdo a nivel federal con el PRI, tal como lo confirmó Citlali Ibañez Camacho (alias Yeidckol Polevnsky) a media semana: “se oye mejor PRIMOR que PRIAN”, pues “construyes con quien quiere construir”.
En ese espacio de poder, y no en el juego mediático de los locales, es donde se definirán temas trascendentales como el futuro de los exgobernadores. De ahí la urgencia del grupo monrealista, tanto en la Ciudad de México como en Zacatecas, de mantener vivo mediante inyecciones mediáticas un tema eminentemente político.
Algunos priistas recuerdan una discreta reunión que tuvo Miguel Alonso con sus cuadros leales, días antes de la elección del 1 de julio donde Morena arrasó en el país. Ahí, el director de FONATUR explicó a sus candidatos que había operado con recursos para el partido de López Obrador, semanas atrás. Con rostros desencajados los “alonsistas” entendieron que el pacto de transición estaba sellado desde las cúpulas.
Así sucedió en distintos estados de la república. El caso de Veracruz es emblemático. De acuerdo con algunos analistas y columnistas, el rastro del dinero ilegal de Javier Duarte de Ochoa llega hasta las arcas de Morena mediante dos enlaces. Uno despacha actualmente en el Senado y la otra en la Secretaría de Energía.
En Zacatecas, la rebatinga política y la propaganda de algunos medios ocultan las motivaciones reales para no abrir esa caja de pandora de corrupción. Por ello, a conveniencia del grupo monrealista envían de avanzada a un viejo operador legislativo de Miguel Alonso, Cuauhtémoc Calderón Galván. El objetivo: mantener la polémica.
En su momento Cuauhtémoc aprobó los empréstitos y las cuentas públicas de Miguel, y nunca encontró asomo de corrupción. Para cuando alcanzó a verla era tarde, el daño que causó a la hacienda zacatecana estaba hecho. ¿Ya lo olvidó?
Twitter: @GabrielConV
