José Guadalupe Méndez de Lira, secretario de Tribunal, adscrito al Primer Tribunal Colegial del XXIII Circuito y representante de la Sección 6 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, expresó su rechazo a la propuesta del gobernador David Monreal Ávila sobre una iniciativa de reforma al Poder Judicial del estado, que va en la línea de proponer la democratización en la elección de magistrados y jueces.
Méndez de Lira aseguró que la reforma no fortalecería la independencia del Poder Judicial, sino que, por el contrario, «colapsaría» aún más el sistema de justicia en Zacatecas.
“Obviamente es un efecto dominó de la reforma a la Constitución sobre la elección de jueces y magistrados federales, que también se tiene que hacer a nivel local (…) El sistema judicial está colapsado” afirmó el secretario.
Remarcó que, si el objetivo de la reforma es mejorar la eficiencia y rapidez en la atención de casos, la solución no es reducir el número de jueces ni eliminar salas, como se propone en la iniciativa, sino justamente lo contrario. “Es necesario triplicar el número de tribunales, crear nuevos órganos y contratar más jueces y personal especializado”, insistió.
Méndez de Lira explicó que las reformas judiciales no pueden ser una simple cuestión de números, sino que deben atender las necesidades reales del sistema, que no se solucionan con un recorte de personal o la creación de un sistema de elección popular.
La propuesta del gobierno estatal busca, entre otras cosas, reducir el número de magistrados, lo que, en opinión del entrevistado, tendrá consecuencias devastadoras para la administración de justicia. «La impartición de justicia se divide por materias, y eso es precisamente lo que facilita el trabajo de los tribunales», explicó. De acuerdo con su explicación, al eliminar las salas y unificar el trabajo de todos los magistrados en un solo órgano, lo único que se logrará será la sobrecarga de trabajo, lo que pondrá en peligro la calidad de las decisiones judiciales.
“Si un juez recibe 90 asuntos a la semana, no puede atenderlos con la misma eficacia que si tiene 30. Esto está diseñado por personas que no tienen ni idea de cómo funciona la administración de justicia”, agregó. Para él, la reducción no solo afectaría la calidad de las sentencias, sino que provocaría un colapso aún mayor en un sistema judicial que ya enfrenta dificultades para dar respuestas a la ciudadanía.
Méndez de Lira sugirió que los motivos de dicha reforma responden a intereses políticos y de control. “Esto se trata de concentrar poder en un pequeño grupo, de poner a los jueces y magistrados bajo el control de los partidos políticos”, aseveró, mencionando países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde se han implementado sistemas similares bajo el pretexto de la austeridad.
“Lo que buscan es tener el control total sobre el Poder Judicial, para poder manejar la justicia a su antojo. ¿Y cómo lo hacen? A través de un sistema de voto popular, que no garantiza la imparcialidad, ni la independencia de los jueces”, destacó.
También criticó la forma en que se ha manejado la narrativa sobre la corrupción en el Poder Judicial. «Se ha dicho que los jueces son corruptos, que liberan delincuentes, pero nunca se nos ha dado la oportunidad de debatir públicamente sobre las sentencias», indicó. Según él, el gobierno ha utilizado la figura de los jueces corruptos para justificar la reforma, sin permitir que se explique o se defienda el trabajo de los tribunales.
Méndez de Lira también reflexionó sobre el futuro de la administración de justicia en México, advirtiendo que las reformas impulsadas por el gobierno tienen el potencial de causar una catástrofe judicial. “Dentro de cinco o seis años, la gente va a empezar a ver las consecuencias de este tipo de reformas. Yo ya lo he dicho, esto es un desastre”, afirmó.
En cuanto a las acciones que tomarán los trabajadores del Poder Judicial frente a esta situación, el secretario destacó que, a pesar de las dificultades, seguirán luchando por la defensa del sistema judicial. “Estamos interponiendo juicios de amparo y, aunque sabemos que tal vez los perdamos, tenemos que agotar todos los recursos legales disponibles en México antes de recurrir a instancias internacionales”, explicó.
El principal argumento de defensa, según Méndez de Lira, es que el sistema de elección popular destruiría la carrera judicial y pondría en peligro la imparcialidad y la independencia de los jueces. “El voto popular pone en riesgo la imparcialidad de los jueces, porque lo que realmente se busca es controlar el sistema judicial a través de los partidos políticos”, concluyó.
El representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación puntualizó que seguirán luchando, incluso si esto implica llevar su causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Lo que está en juego es la independencia del Poder Judicial, y no podemos permitir que se pierda”, concluyó.
