Trabajadores del Poder Judicial denunciaron que, mientras el magistrado de circuito Juan Manuel Sánchez Iriarte emite discursos a favor de los derechos de los trabajadores, al interior del Poder Judicial los violenta al no otorgar plazas vacantes al personal que ha cumplido con los requisitos para ello.
De manera anónima, se dio a conocer que hay un caso concreto en donde una trabajadora cumplió con todos los requisitos para acceder a una plaza de manera definitiva, pero se le pretende negar para otorgarla a una persona cercana a la secretaria de Acuerdos.
“Es muy contradictorio todo lo que dice y lo que hace ahí adentro. Es un magistrado que se contradice porque exige que se respeten los derechos laborales de ellos, pero dentro del órgano él no está respetando esos derechos laborales”, expresó una persona que labora en el Poder Judicial, quien solicitó anonimato para evitar repercusiones.
Dio a conocer que en este momento se violenta el derecho de una persona para acceder a una plaza vacante para el cual ya cumple con todos los requerimientos, entre ellos tener seis meses más un día con su nombramiento.
El problema reside, dijo en que esa plaza se le pretende otorgar a otra persona solamente porque lo está solicitando la secretaria de Acuerdos, pero al haber solo una plaza vacante se violarían los derechos de la otra trabajadora que cuenta con su nombramiento sin interrupción.
En cambio, denunció que la base se le plantea entregar a una persona que “es la consentida y protegida de la secretaria de Acuerdos que además todavía no cumple los seis meses que exige la normatividad”.
También informó que el magistrado ya tiene procedimientos de acoso laboral en su contra, mientras que, en su discurso, en el contexto de la reforma judicial, se centra en la defensa de sus derechos laborales y derechos humanos.
Precisó que toda esta situación se puede revisar en el Consejo de la Judicatura, en la dirección de Recursos Humanos, puesto que hay una solicitud formal para otorgar la base a la persona a la que quieren beneficiar por encima de los derechos de la trabajadora que tiene una mayor antigüedad.
Cabe recordar que el magistrado Juan Manuel Sánchez Iriarte recientemente se amparó en contra de la Reforma Judicial por afectar sus derechos laborales, entre ellos el salario que percibe de más de 200 mil pesos mensuales.
