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martes, 19 marzo, 2024
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PRI propone castigar hasta con 28 años de prisión a quien cometa el delito de extorsión

■ Para este fin, José David González presentó a la 64 Legislatura una iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 261 del Código Penal del estado

■ Zacatecas tiene una tasa de 7.20 extorsiones por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con información del Gobierno Federal

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Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El diputado local por el PRI, José David González Hernández, propuso ante la 64 Legislatura local una iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 261 del Código Penal del estado de Zacatecas para castigar hasta con 28 años de prisión a quien cometa el delito de extorsión, entendiéndose este como obligar a una persona a realizar u omitir un acto jurídico con ánimo de lucro y con la intención de perjuicio de carácter patrimonial a través de la violencia o intimidación.

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En México y el estado, precisa en su exposición de motivos el legislador priísta, existe una creciente crisis de seguridad pública que ha trasgredido la paz y tranquilidad de las familias mexicanas, por lo que muchas veces han atentado contra patrimonio e integridad física, la cual se ve manifestada de dos formas: la inseguridad que a diario viven los mexicanos por el aumento significativo de los delitos y por el auge del narcotráfico.

“Nuestro estado ocupa el primer lugar nacional en casos de extorsión, el tercero en secuestros y el sexto en homicidios dolosos, señala el más reciente informe de la Secretaría Federal de Seguridad y Protección Ciudadana, con base en las denuncias formuladas durante los primeros cuatro meses del año”, precisó al respecto González Hernández.

De acuerdo con la dependencia federal, Zacatecas tiene una tasa de 7.20 extorsiones por cada 100 mil habitantes, seguido de Quintana Roo con 6.91 y Colima con 4.84. La media nacional de ese delito es de 2.04 por cada 100 mil habitantes. Las extorsiones y los secuestros, aseguró, siguen produciendo una clara sensación de inseguridad porque las corporaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno han sido incapaces de contenerlos. “Entre los ataques de la delincuencia organizada para aterrorizar a comerciantes y empresarios y exigirles cobro de piso destacan los incendios de negocios y propiedades”.

De lo anterior se desprende que el delito de extorsión y a diferencia de otros delitos, la coacción que se ejerce sobre las víctimas es lo que hace de este delito que su naturaleza sea catalogada como de alto impacto, ya que el mismo es consumado por acción propia de la víctima cuando entrega su patrimonio al perpetrador del mismo, esta puede ser cometida por grupos delincuenciales o hasta por funcionarios públicos derivados de la corrupción imperante en las instituciones del propio Estado.

“El delito de extorsión representa una de las principales conductas antijurídicas que atentan contra la tranquilidad, la seguridad y el patrimonio de las familias zacatecanas, puesto que a diario muchas personas son víctimas de ello, al grado que ha tenido cierto grado de normalización entre los ciudadanos por las distintas modalidades y fenómenos complejos que este puede adoptar”, aseveró además en su propuesta.

Así pues, dijo, la extorsión puede ser considerado como un delito invisible, en virtud de que no necesita una gran infraestructura para poderse llevar a cabo, y por lo general, este no es reconocido en razón de que las víctimas no dimensionan o conocen el alcance verdadero del tamaño de la amenaza o el engaño.

“El cobro de piso en nuestro estado se ha vuelto una práctica sistemática y de triste realidad diaria que afrontan nuestros ciudadanos día a día, la cual consiste en la exigencia por parte de los criminales de una denominada renta o erogación, a cambio de una supuesta protección y la no violencia contra de sus víctimas, los cuales de no cumplir con lo pactado por los delincuentes se atenta contra su integridad y la de sus familias”.

Por otro lado, aseguró, esto representa no sólo un problema de seguridad pública, sino que también una amenaza para el desarrollo y crecimiento económico del estado, ya que una de las principales consecuencias del deterioro de la seguridad pública la entidad se debe al incremento de la comisión de este tipo de delitos, obstáculo para el desarrollo económico que obliga además a los empresarios a cerrar o disminuir su producción afectado con esto a la generación de empleos, también.

Esto ha detonado también para el legislador, que hay surgido una creciente tendencia como característica en común, de criminales que se hacen pasar como miembros de grupos del narcotráfico para infundir un temor mayor a las víctimas, generalizando y potencializado por la psicosis social que genera el miedo provocado por la violencia extrema que ejercen estos delincuentes haciéndose valer de estos métodos para lograr sus fines.

Por tal motivo es que propuso que se reforme el artículo 261 del Código Penal para que señala que a quien con ánimo de lucro para sí o para otro, obligare a otra persona, con violencia moral o intimidación, a realizar, omitir, o tolerar un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero,  ya sea de manera directa o mediante vía telefónica, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación, la pena será de 22 a 28 años de prisión y la multa de 50 a 100 veces la unidad de medida y actualización.

Asimismo, que se imponga prisión de 15 a 20 años y multa de 70 a 120 veces la unidad de medida y actualización, a quien para obtener un beneficio para sí o para interpósita persona, ya sea de manera directa o mediante vía telefónica, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación, obligue a otro mediante la violencia moral o la intimidación a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su perjuicio o en el de un tercero. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Justicia para su análisis.

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