Con el objetivo de proponer rutas y acciones concretas para que la Ley General de Víctimas materialice la efectiva salvaguarda de los derechos humanos de las víctimas, la abogada Cristela Trejo Ortiz realizó un taller de análisis sobre esta legislación y los organismos que la acompañan, a una década de su creación.
“Entre más pobres las víctimas, más alejadas de la justicia, no pueden pagar traslados, no tienen capacidad de convencer a los testigos…”, comentó Trejo Ortiz al exponer el principio de gratuidad que establece esta ley, aclarando que es la Comisión de Víctimas la que debería cubrir los viáticos, gastos de atención especializada y otros costos, que no deberían ser asumidos por las víctimas, puesto que esto profundiza su indefensión y daño.
La criminalización de las víctimas fue otro tema abordado durante este taller, en el que se recordó que Jorge Armando Moreno Leos, apodado como el “niño sicario” por el entonces procurador Arturo Nahle, fue víctima de una agraviante acumulación de vulnerabilidades y de la incapacidad del Estado de brindar atención a las víctimas con apego a principios fundamentales como el del interés superior de la infancia, que, de atenderse, evitarían la victimización y revictimización de las personas que más requieren la atención del Estado.
Tras mencionar otros ejemplos de violencias institucionales, Cristela Trejo subrayó que, todos los programas gubernamentales de forma prioritaria deben dirigir sus apoyos a las víctimas, siendo el propósito de esta asistencia y protección que las personas superen su condición de víctimas.
La falta de presupuesto es uno
de los lastres de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas,
sin embargo, llegó a facturar cerca
de un millón de pesos en la realización
de foros, señalan.
Durante este taller, se reconoció que la falta de presupuesto es uno de los lastres de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual de 2019 a 2022 no tuvo siquiera un secretario ejecutivo asignado, sin embargo, también se señaló que la Comisión Estatal llegó a facturar cerca de un millón de pesos en la realización de foros, mientras que los recursos a las víctimas eran prácticamente inexistentes.
El derecho a la verdad, que incluye el acceso a una investigación adecuada y diligente, y está relacionado con el derecho de participación de las víctimas en los procesos para esclarecer los hechos, también se asienta en esta ley y de forma lamentable queda fuera del alcance de muchas personas -se comentó en el taller-, pues pocas personas son las que se atreven a enfrentar a las autoridades que han incurrido en exhibir como criminales a quienes solo fueron víctimas y al haber sido privadas de la vida, ya no pueden defenderse de este agravio.
Fue el caso de los cinco jóvenes encontrados sin vida en Vetagrande en abril de 2023, cuyos padres enfrentaron la narrativa oficial y consiguieron que se limpiara el nombre de sus hijos, dentro de los cuales había deportistas de alto rendimiento.
Antes de existir esta ley, sólo las partes acusadas contaban con un defensor de oficio, mientras que las víctimas debían recurrir a abogados particulares para intentar acceder a la justicia, ejemplificó Trejo Ortiz como uno de los avances que ha traído esta ley con la figura del “asesor victimal”.
A pesar de que actualmente el Sistema Nacional de Víctimas no ha logrado concretar una base de datos útil para el avance de los derechos de las víctimas, este organismo y la ley que lo acompaño, representan una herramienta importante, cuya armonización legislativa debe impulsarse en el estado -concluyeron los asistentes al taller-; esto serviría para lograr que las personas que han sido víctimas de delitos por parte de particulares o de violaciones a derechos humanos, puedan acceder a la justicia sin verse en la necesidad de recurrir a amparos.
Relacionado con esto, los participantes en el taller se mostraron sorprendidos al conocer que la 64 Legislatura en el estado, tiene acumulados 800 exhortos en materia de Derechos Humanos, y propusieron entre otras acciones, la difusión de los derechos humanos de las víctimas a sectores en situación de vulnerabilidad.
