■ Secretario de Gobierno se reunió con alcaldes de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo
■ El objetivo es poner en marcha una estrategia de revisión a centros nocturnos
En el estado de Zacatecas ningún establecimiento puede vender alcohol después de las 2 de la mañana, por lo que cualquier local que lo haga está violando la ley, aseguró el secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, quien informó que este jueves tuvo una reunión con los alcaldes de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo con el objetivo de implementar una estrategia de revisión a estos centros nocturnos.
Este encuentro se da a raíz de los hechos violentos ocurridos en días pasados en dos bares ubicados en la zona de tolerancia de Guadalupe, en los que murieron cinco personas y cinco más resultaron lesionadas tras el ataque armado al interior de uno de ellos.
Recordó que en 2018 el Gobierno estatal presentó una iniciativa para reformar la Ley de Alcoholes de la entidad, que fue aprobada por los legisladores locales, y en la que se hicieron modificaciones para “restringir la venta de bebidas alcohólicas”.
Tras estos cambios legislativos, destacó que “en Zacatecas es ilegal cualquier establecimiento que esté vendiendo después de esa hora”, es decir, de las 2 de la mañana.
No obstante, sostuvo que es urgente que estas medidas puedan ser aplicadas en los municipios para lo que los ayuntamientos deben adecuar sus reglamentos para que estén homologados con la ley estatal.
El funcionario dijo que no se puede generalizar la situación asegurando que todos los municipios incumplen pues hay algunos, entre los que mencionó Fresnillo, sí han cumplido “de manera puntual” con la adecuación de sus normas internas.
Salas Dávila sostuvo que “parte importante de la problemática delictiva que se vive en Zacatecas tiene un origen común que es la ingesta de bebidas alcohólicas, es el primer paso para poder avanzar al consumo de otro tipo de drogas y en hechos como los recientes de violencia de otro tipo”.
Por ello, la finalidad de la reunión de ayer recalcó que fue la de delinear “una estrategia y un plan de intervención conjunta entre gobierno y corporaciones a través de inspecciones municipales para que podamos iniciar una labor que eventualmente pueda llegar a la clausura de estos establecimientos”.
