En la sesión ordinaria de la LXV Legislatura, se leyó correspondencia del IEEZ, en la que se destaca la insuficiencia presupuestaria, así como una solicitud de comparecencia por las autoridades respecto a la construcción del Viaducto Elevado.
Además, se presentaron varias iniciativas, tales como un exhorto para que los concesionarios de transporte público cumplan con la ley que garantiza la accesibilidad para personas con discapacidad; una reforma a la «ley antigrafite» para imponer penas más severas por daños a inmuebles; una iniciativa para hacer imprescriptible el delito de feminicidio; y otra para endurecer las sanciones contra el maltrato y abandono de animales domésticos.
Inicialmente en el apartado de correspondencia, durante la lectura del diputado Martín Álvarez Casio sobre los comunicados y oficios recibidos, se destacó el oficio proveniente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), en el que se remite copia del documento que presentan al Ejecutivo Estatal, en el cual solicitan una audiencia para una reunión de trabajo.
Exponen que los 45 millones de pesos autorizados para llevar a cabo el proceso electoral extraordinario para la renovación de cargos en el Poder Judicial son insuficientes, lo que pone en severo riesgo tanto la continuidad del proceso como la celebración de la jornada electoral del 1 de junio.
Además, remiten el informe contable y financiero del ejercicio presupuestal correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.
De igual manera, se presentó el escrito de denuncia por daños y perjuicios a la Hacienda Pública del Estado de Zacatecas, relacionados con la construcción del Viaducto Elevado.
En este escrito, se solicita a esta Legislatura que cite a comparecer a los titulares de las Secretarías de Obras Públicas y de la Función Pública, así como al Ayuntamiento de Zacatecas y a la Auditoría Superior, para deslindar, aclarar y detallar las posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados, solicitado por el ciudadano Jorge Rada Luévano.
Respecto a las iniciativas presentadas, la diputada Susana Andrea Barragán Espinosa presentó una iniciativa de punto de acuerdo la cual fue aprobada por unanimidad para exhortar respetuosamente a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas a que, en ejercicio de sus facultades, revise que los concesionarios de transporte público cumplan con las obligaciones establecidas en la Ley de Transporte, Tránsito y Viabilidad del Estado de Zacatecas, especialmente en lo que respecta a las personas con discapacidad. La ley establece la obligación de destinar el 10 por ciento de los asientos a estos sectores y garantizar condiciones adecuadas.
Sin embargo, muchos concesionarios no están cumpliendo con estas disposiciones, lo que afecta negativamente los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluyendo el derecho a la movilidad, a la seguridad y a la no discriminación.
Destacó que ha recibido quejas de ciudadanos con discapacidad que denuncian condiciones indignas en el transporte público, como la falta de accesos adecuados y malos tratos por parte de los operadores.
Asimismo, presentó una iniciativa para reformar el artículo 349 bis del Código Penal del Estado de Zacatecas, conocido como la «ley antigrafite». Esta ley fue implementada en 2014 en respuesta a la preocupación ciudadana por los daños causados al patrimonio urbano y privado debido a los grafitis no autorizados.
Sin embargo, más de una década después, la legislación vigente ha quedado rebasada, ya que las sanciones actuales, que incluyen multas y jornadas de trabajo comunitario, han resultado insuficientes para disuadir a los infractores reincidentes.
En su iniciativa, se plantea imponer penas de prisión de entre 6 meses y 2 años, junto con multas más severas, a quienes realicen pintas o causen alteraciones en inmuebles sin contar con el permiso correspondiente. Si el daño afecta a escuelas, monumentos, hospitales o sitios históricos, la pena podría aumentar de 2 a 3 años de prisión.
Por otra parte, la diputada Maribel Villalpando Haro presentó una iniciativa con proyecto de decreto que propone hacer imprescriptible el delito de feminicidio, respondiendo a las múltiples peticiones de mujeres zacatecanas que exigen justicia y paz.
El objetivo principal de esta propuesta es modificar el cuarto párrafo del artículo 309 bis del Código Penal del Estado de Zacatecas, con el fin de asegurar que este delito, considerado como la forma más extrema de violencia de género, no prescriba con el paso del tiempo.
El feminicidio es un delito que implica la muerte de una mujer por razones de género, y en su definición se incluyen circunstancias específicas, como violencia sexual, mutilaciones, antecedentes de violencia de género, o la existencia de una relación de confianza entre la víctima y el agresor, entre otros.
Finalmente, la diputada Ana María Romo Fonseca presentó una iniciativa para modificar el Código Penal de Zacatecas con el objetivo de endurecer las sanciones contra el maltrato y abandono de animales domésticos.
La iniciativa propone penas de entre 1 y 3 años de prisión, así como multas, para quienes abandonen animales, con un aumento de la pena si el animal está enfermo, discapacitado o no puede alimentarse por sí mismo.
En el caso de las lesiones, las sanciones oscilan entre 3 meses y 8 años, dependiendo de la gravedad del daño. Si se causa la muerte de un animal, la pena sería de 4 a 8 años de prisión, especialmente si la muerte es causada por tortura o métodos crueles.
Esta propuesta tiene como objetivo fortalecer la Ley de Bienestar Animal, mejorar la protección de los animales y aplicar sanciones más estrictas para prevenir el maltrato en Zacatecas.
