El ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, publicó recientemente (2023) su libro titulado Que nunca se sepa, que narra los hechos y el proceso jurídico mismo que derivó de un intento de asesinato contra el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. En dicho texto se relata cómo Carlos Castañeda intentó, fallidamente, agredir al jefe del Estado mexicano de 1964 a 1970. Aborda tanto el contexto como el proceso jurídico que ése Estado que encabezaba Díaz Ordaz desarrolló en contra del fallido magnicida, en una lógica que nos recuerda, nos remonta de manera permanente a la importancia de la transición jurídica que llevó al Estado mexicano de un Estado legal a un Estado Constitucional de Derecho, mismo que implica el reconocimiento de los derechos fundamentales y sus garantías, desde la Constitución misma y la autonomía entre las instancias de todo proceso de justicia. A Carlos Castañeda, por intentar agredir al responsable histórico y político (según el propio Díaz Ordaz) de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, la justicia mexicana de entonces, lo declaró “jurídicamente incapaz”, sometiendo a su familia a la aberración de solicitarlo así ante una jueza, que dio trámite expedito, de manera extraordinaria, a la solicitud. Lo recluyeron 23 años en un hospital psiquiátrico, del cual fue dado de alta siendo ya “un hombre sin nombre”, y probablemente atormentado por dos décadas de tratamientos médicos y psicológicos que, a saber, quizá no le eran necesarios ni justificables. La historia da cuenta cómo el poder es siniestro y se defiende en grados de perversidad apenas imaginables; es ese poder el que el diseño democrático liberal y constitucional busca limitar desde lo institucional, lo jurídico, lo político y lo social, a partir de la lógica de los derechos humanos, la democracia y sus principios.
La investigación y relato del destacado jurista, nos da cuenta de la reacción de un aparato de poder con amplísimos márgenes de actuación y del poco o nulo rol de las limitantes a sus determinaciones, no solo en las instituciones del propio Estado, sino también de medios de comunicación e inclusive, de la comunidad misma.
Eso fue un 5 de febrero de 1970. Más de veinticuatro años después, el candidato con más altas probabilidades de convertirse en presidente, Luis Donaldo Colosio, sufrió un atentado que le costó a él la vida y al país la aceleración y profundización de un ciclo de crisis política, económica y social. El pasado fin de semana se cumplieron treinta años de tal acontecimiento. La lectura de Que nunca se sepa permite explorar evoluciones y limitaciones de la gestión de ambos procesos, el de 1970 y el de 1994. El segundo acontecimiento excesivamente conocido, analizado, investigado y visto, sin embargo, no libró la prueba de la legitimidad y la credibilidad de un sistema cuya naturaleza no era plural, ni transparente.
Esto nos arroja a ciertas reflexiones: a la larga, todo régimen hegemónico, por más legitimado que éste, se enfrenta a vicios propios de la corrupción del poder y con ello, a la desconfianza, desesperanza y desencanto, ya no solo del régimen en cuestión, sino del sistema político en su conjunto. No es pues el camino de las mayorías absolutas, sino el de la pluralidad, el que permite la supervivencia de la democracia y sus instituciones, incluida en éstas la justicia.
Cierro con una cita de Cossío Díaz: “(lo) que muestra el caso Castañeda es el entendimiento que desde el régimen se le daba al derecho. No un marco definido de reglas a acatar, sino un instrumento utilizable para dar sentido normativo a decisiones ajenas a su naturaleza. Una posibilidad abierta para formalizar, de modo legitimado, lo que ya antes se había determinado. El quebrantamiento de la proclamada y admitida racionalidad autorreferente para insertarle contenidos ajenos, pero jurídicamente formalizados”. Advirtámoslo.
@CarlosETorres_
