El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSySRM) y el Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) hicieron un llamado a los gobiernos municipal, estatal y federal para que garanticen la integridad física de las personas en la cabecera municipal de Sombrerete este 28 de febrero.
A las 8 de la mañana se realizará en las instalaciones del DIF municipal del lugar, otro recuento de votos para determinar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la Mina San Martín, ubicada en la misma demarcación y cuyos trabajadores cumplen ya más de 10 años estallada entre otras causas, en demanda del cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene contenidas en el contrato laboral.
Óscar Alzaga, abogado del SNTMMSySRM que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, refirió que el acto se llevará a cabo en el DIF, “en el mero centro, a un lado de Palacio de Gobierno, entonces va ser a la vista de toda la población de Sombrerete, por lo menos”.
Solicitó al gobernador Alejandro Tello Cristerna que garantice su celebración pacífica “porque ya el estado de derecho se rompió con el actuar de la Junta –Federal de Conciliación y Arbitraje-, pero lo que no se puede permitir es que lleguen con violencia para imponer su voluntad (…) nosotros hacemos un llamado no solo a las autoridades del estado, del municipio y de la Federación a que impidan la violencia, las agresiones”.
Por su parte, en una carta abierta dirigida también al mandatario, firmada por la Coordinación Ejecutiva del FSSP, y dada a conocer ayer en el contexto de una conferencia de prensa, integrantes de esta última organización encabezados por su dirigente, José Santos Cervantes, exigieron al mandatario su intervención para este mismo efecto.
Se refieren al recuento de votos como un acto impuesto ilegalmente pero que solicitan “se lleve a cabo de manera pacífica”, y pidieron a Tello Cristerna ayer mismo, que se establecieran las medidas de seguridad necesarias en el lugar donde se llevará a cabo.
El recuento de votos fue notificado al Comité Ejecutivo Nacional del SNTMMSySRM apenas el pasado 26 de febrero a las 6 de la tarde para celebrarse como se ha mencionado, desde las ocho de la mañana del día 28 del mismo mes, esta celeridad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) exhibe un intento de sorprender a los trabajadores de la Sección 201 del Sindicato Nacional Minero que se mantienen en huelga, expuso Óscar Alzaga en entrevista vía telefónica.
Refirió que el acto es ilegal pues el padrón que presentó su contraparte en el litigio laboral, el denominado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana, integra a 160 trabajadores que la empresa “ya había liquidado e indemnizado y ahora los hace pasar como activos, cuando la empresa ha estado cerrada desde el 30 de julio de 2007 que empezó la huelga”.
Recordó que el 16 de noviembre de 2012 hubo otro recuento de votos, este a solicitud de la CROC quien se hizo con las instalaciones de la mina violentando la huelga, pero que no obstante ganó el Sindicato Nacional Minero (SNTMMSySRM) por 21 sufragios, “a pesar que Germán Larrea había comprado cualquier cantidad de votos y voluntades y todo, porque es el segundo millonario de nuestro país”.
Luego de esta derrota, la CROC se desistió de intentar hacerse de la titularidad del CCT pero dejó en su lugar en las instalaciones de la mina al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, que precisó Alzaga, “es un sindicato blanco famoso, ya tiene desde 1937 que existe y pertenece a la Federación de Sindicatos Patronales de Monterrey”.
Dijo sobre este nuevo intento de recuento de votos ahora por parte de esta organización, que “es una irresponsabilidad de la Junta, cuando ya nosotros acreditamos la mayoría”.
El abogado calificó entonces este acto como “totalmente ilegal”, pero dijo que participarán en él porque “si no nos presentamos de todas maneras la Junta otorgará el triunfo al otro sindicato y a la empresa” consolidando un “fraude”, pues no consideró la situación irregular de los 160 trabajadores ya citados.
En el acuerdo que la JLCA emitió para realizar este recuento del 28 de febrero, “simplemente no se menciona” el asunto de los 160 trabajadores objetados por el Sindicato Nacional Minero, aunque justo el tema del padrón fue sustento para que en el mes de enero de este año la justicia federal le otorgara un amparo a la organización por no haberse analizado como prueba.
En aquel momento, además, el listado incluía a 11 trabajadores muertos y 22 pensionados, “ya nos los quitaron porque como hay constancia de ello por el Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces esos sí ya no los pudieron presentar”.
“Lo que hicieron es que los 160 que ya están indemnizados, los volvieron otra vez a reincorporar como si fueran trabajadores activos cuando la empresa ha estado cerrada desde el 30 de julio de 2007 que empezó la huelga”.
En la carta abierta dirigida por el FSSP al gobernador Alejandro Tello, se refiere como antecedente de las agresiones que “la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). Para apoderarse del CCT, el 31 de agosto de 2012 a las 7:15 de la mañana, llegaron a las instalaciones de la Mina San Martín de Sombrerete, Zac., cinco autobuses que trasladaron golpeadores, contratados por la empresa Industrial Minera México para desalojar por la fuerza a la guardia de los trabajadores pertenecientes a la Sección 201”.
José Santos Cervantes abundó al respecto refiriendo que las personas que señalan de haber roto la huelga además, “quemaron automóviles, agredieron a los compañeros en las calles, es decir, llevaron una campaña de terror contra nuestros ellos y sus familiares, visitaban las casas para amenazarlos”.
Y en el posterior recuento de los votos realizado el 16 de noviembre al que el FSSP acudió en solidaridad del Sindicato Nacional Minero, acompañado de integrantes del Movimiento YoSoy132.
“Desde que llegamos no había una sola patrulla de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y menos de la Policía Federal o del Ejército”, pero después de otro episodio de agresión, “entonces sí se presentaron todos, pero en lugar de ir contra los agresores fueron contra nosotros y contra los compañeros”.
Además de los golpes recibidos por los trabajadores adheridos al Sindicato Nacional Minero, fueron encarcelados cinco varones y una mujer, integrantes del movimiento YoSoy132, con acusaciones falsas, puntualizó.
“Hoy lo que estamos exigiendo al Gobierno del Estado, a Alejandro Tello Cristerna es que garantice la seguridad, la tranquilidad, que el recuento a pesar de ser ilegal, a pesar de ser contrario a la legislación laboral, se garantice la integridad física de nuestros compañeros”.
“Y que el mismo Gobierno del Estado exija al Gobierno Federal que garantice la seguridad de los zacatecanos, porque incluso en ese tipo de recuentos si no se garantiza la tranquilidad y la seguridad pueden salir afectada hasta gente que no sea afiliada al sindicato, gente que vaya pasando por ahí”.