Ante las irregularidades que se han identificado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) durante los últimos años, el auditor superior del estado, Raúl Brito Berumen, informó que continúa el proceso de integración de las carpetas de investigación, por lo que todavía no es momento para emitir sanciones.
“Ahorita estamos en la integración de las carpetas de investigación como lo marca la ley. No es tan sencillo como para sancionar de inmediato a tal o cual funcionario. Estamos en esa etapa de trabajo técnico y no me voy a apresurar para hacer algo indebido o algo que no corresponde conforme a la ley por una presión de manera externa”, expuso.
Informó que, en su momento, dará a conocer las sanciones que correspondan a los funcionarios que hayan incurrido en alguna anomalía, pero sin presionarse por factores externos.
Recordó que en febrero del 2020 la Legislatura mandató una auditoría al Instituto con el objetivo de conocer la situación del Issstezac y por qué no tenía los recursos suficientes para pagar las pensiones a todo el personal.
Además, comentó Brito Berumen, se le pidió a un despacho externo que coadyuvara con la ASE para realizar la auditoría de manera más rápida y más transparente, a lo cual “no tuvimos ninguna objeción en la idea de avanzar en todo lo que nos pida la Legislatura”.
“Inició la auditoría de acuerdo con la Ley de Fiscalización, se dieron a conocer las observaciones, se les dio el plazo que establece la ley para que el instituto aportara las pruebas que desvirtuaran esas observaciones y se emitió una resolución que al día de hoy son públicas”, expuso.
Admitió que algunas de las observaciones no fueron del agrado de ciertos sectores sociales, pero “al momento de hacer la auditoría nosotros teníamos qué decir lo que en realidad sucedió en el instituto durante muchos años”.
Entre las observaciones destaca que hubo un incumplimiento en el artículo 132 referente al 30 por ciento de las cuotas y aportaciones que no se destinó al fideicomiso, el pago del aguinaldo sin que la ley lo previera, que el salario asignado de los trabajadores no corresponde al cargo desempeñado y que el pago de prestaciones a jubilados y pensionados no se contempla en la legislación vigente.
Entonces, Brito Berumen reiteró que “ahorita estamos en la etapa de investigación porque ya tenemos que determinar responsables de manera particular, ya que las responsabilidades no recaen en una dependencia”.
Explicó que él, como auditor, no tiene la facultad para definir que sí se pague o no determinada prestación, sino que la Legislatura le pidió una auditoría y unos resultados que fueron entregados en tiempo y forma.
“Yo simplemente establezco lo que sucedió y voy a sancionar lo que no esté conforme a la ley. Ya las decisiones las tomará el propio director y la Junta Directiva y ellos dirán si hay liquidez para pagar, si se debe de pagar o no independientemente de que yo pueda observar o no. Esa es otra situación distinta y ellos tendrán que tomar sus decisiones”.
Respecto a la posibilidad de que los tribunales resuelvan a favor de los jubilados, agregó que “igual y si les van a dar la razón y comparto el criterio de que son derechos ganados, pero eso sale fuera de mi ámbito. Si un tribunal dice que se pague y que se cumpla la sentencia lo tendrán que hacer y nos tendremos que someter a lo que diga el tribunal tanto el director como la propia auditoría”.
No obstante, Brito Berumen dijo que, de su parte, “yo también tengo que realizar mi trabajo y decir qué fue lo que sucedió que fue deteriorando las finanzas del Issstezac o por qué no se cuenta con el patrimonio suficiente para poder hacer frente a todos los compromisos del Instituto”.
Por tanto, precisó que “no soy quién para darle una orden al director del Instituto y decirle que se pague o no. Él tiene sus facultades, tiene su competencia, tiene su Junta de Gobierno y él tomará las decisiones que a él le competen. Para eso está ahí como director”.
Respecto al planteamiento de liquidar el Issstezac, debido a su inviabilidad financiera, consideró que esa opción es aventurada y sería preferible realizar un análisis profundo en conjunto con los trabajadores, los sindicatos y demás actores.
“Yo creo que es aventurado decir que es mejor desaparecerlo porque entiendo perfectamente que, para las personas que trabajaron durante muchos años, no es justo que dejen de recibir su pensión. Ellos no tuvieron la culpa de que no se hizo una reforma en más de 20 años”, concluyó Brito Berumen.
