Abordaré este tema en razón del ataque que el presidente López Obrador ha emprendido en contra del Poder Judicial, y se incrementó a partir de enero pasado cuando la ministra Norma Lucía Piña, fue designada para presidir la SCJN. El ataque ha desembocado en el debate del Congreso donde se votó y aprobó tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, el pasado martes por la madrugada, la iniciativa impulsada por el mandatario, encaminada a extinguir 13 de los 14 fideicomisos de ese Poder, lo que implica devolver 15 mil 450 millones de pesos a la tesorería de la Federación.
Los motivos que justifican la extinción según el presidente, es que los ministros gozan de privilegios porque reciben como sueldo mensual, la cantidad de 700 mil pesos, y los fideicomisos, son utilizados para darse vida de lujos y realizar gastos ostentosos. La votación por 67 en favor y 48 en contra, algunos senadores del propio partido MORENA votaron en contra y otros no asistieron a la sesión. La iniciativa pasó al mandatario para su promulgación. Esto sin tomar en cuenta que los fideicomisos pertenecen a los trabajadores que con el tiempo han ahorrado.
Resulta difícil aceptar esa justificación. En opinión de Jesús Silva Herzog, desde el primer día de la administración, los jueces han vivido bajo acoso. La tribuna del Ejecutivo, se ha usado para intimidar a los jueces independientes y para halagar a quienes colaboran con su régimen. Los que absorben el discurso del régimen, y los que trabajan como asesores del presidente, son felicitados porque “se portan muy bien”. Pero aquellos que han dictado sentencia contra sus proyectos de gobierno, reciben de manera directa el ataque del presidente y sus voceros. Sus nombres y sus fotografías se despliegan en la pantalla del Palacio como si fueran cárteles en el pueblo, con la fotografía del criminal más buscado.
Dicho lo anterior, manifiesto que en México, la ley sí es la ley, de ninguna manera el presidente López Obrador tiene poder absoluto para someter a los otros poderes y menos para atacarlos.
Veamos por qué:
Al presidente le irrita el ordenamiento jurídico, simplemente lo desacata. Esto hace que actúe sometiendo tanto al Poder Legislativo como al Judicial, pues no conforme con tener su partido mayoría en las cámaras, al enviar iniciativas, ordena a sus legisladores que deberán aprobarlas “sin cambiar ni una coma”. En cambio, como ya señalé en el párrafo tercero de esta colaboración el Poder Judicial, le ha resultado incómodo y la mayor evidencia es la aprobación que nos ocupa.
Como López Obrador tiene su “lema” de que “a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, le diremos que en México, la ley sí es la ley, y que al tomar posesión de su cargo, en diciembre de 2018, prestó ante el Congreso de la Unión la protesta en los términos del artículo 87 constitucional. Ahora le recordamos que ha faltado a ese compromiso. Primero, porque no toma en cuenta que nuestro país es una república representativa, democrática, laica y federal, según lo indica el artículo 40 CPEUM; segundo, desatiende que existe un Principio de División de Poderes como lo establece el artículo 49 de la Carta de Querétaro. Esto, porque una democracia se sustenta también en dividir al poder público.
Olga Sánchez Cordero, senadoras del partido MORENA, votó en contra y durante el debate justificó: “Hoy vengo a defender a los trabajadores del Poder Judicial, ante la posible eliminación de los fideicomisos que forman parte de sus conquistas laborales. Que quede claro: no he venido a proteger algún tema en particular para quienes integran, o tuvimos el honor de integrar la SCJN”.
Obviamente se espera la promoción de amparos así como recursos de inconstitucionalidad según sea el caso, por funcionarios y empleados del Poder Judicial que con esa extinción, consideran lesionados sus derechos laborales.
Esa arbitrariedad como vemos, involucra los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial. Luego podemos preguntarnos: ¿cuál de los tres tiene mayor importancia? ¿a cuál de ellos se debe obedecer primero?
Para responder a esas interrogantes, diremos que el poder político del Estado abstractamente es considerado único. Sin embargo, Montesquieu en el Libro XI Tomo I su obra “DEL ESPIRITU DE LAS LEYES”, distingue tres poderes en la sociedad política: el Poder Legislativo, encargado de dictar el orden jurídico general; el Poder Ejecutivo, responsable de la administración pública y el Poder Judicial, se encarga de solucionar los conflictos.
Tal división implica que los poderes deben estar separados e independientes entre sí, para que se establezca un sistema de control y equilibrio que limite las facultades del gobierno, y salvaguarde los derechos de los individuos, ya que es necesario que el poder detenga al poder, y aleje la posibilidad de tiranía.
Otro desacato del presidente son las facultades para cada Poder establecidas en la CPEUM: artículo 73 Legislativo: artículo 89 Ejecutivo y del 103 al 107 del Judicial.
El Poder Judicial amerita una reforma, pero el procedimiento para lograrlo no son los ataques del presidente.
