La crítica que hemos venido haciendo desde hace años al sistema político de nuestro Estado y de México, ha sido siempre en torno al quehacer político y a las prácticas que son realizadas entre la “élite” política, entre ellas los pactos y acuerdos para la designación de candidaturas, funcionarios y demás servidores de los diferentes órganos y poderes.
Así es como se ha movido nuestro sistema político desde hace más de cuarenta años, los partidos políticos, desde sus cúpulas han manipulado en todo el país las candidaturas, logrando posicionar a sus allegados en cargos que resultan clave al momento de definir a los representantes de otros poderes, como por ejemplo, los magistrados electorales, los ministros, fiscales, funcionarios encargados de auditar el recurso y desempeño de los gobiernos, entre muchos otros cargos que son electos gracias a los representantes populares en los congresos.
De igual forma, la búsqueda de poderío político ha llevado a diversos actores políticos a intentar ampliar los lugares en los que puedan tener representantes como presidentes municipales y gobernadores, no solamente para aumentar su red política y capacidad de operación para hacerse del poder, sino que resultan piezas claves para poder hacerse de obras púbicas para sus constructoras o de allegados y familiares, así como para ampliar sus negocios a través de la administración pública.
El beneficio de ampliar las redes y relaciones políticas, no solamente resulta un beneficio politico, sino que el verdadero trasfondo es el beneficio económico que puede resultar de ello, esto termina por convertir el quehacer político en un jugoso negocio alejado del interés del pueblo. Los políticos buscan entonces hacerse del poder de los partidos políticos para través de ellos lograr posicionar a sus perfiles que puedan serles serviles y útiles para cumplir sus compromisos con los grandes empresarios y para con sus allegados.
La búsqueda de poder de los partidos, es siempre centrada en los estados con mayor cantidad de recursos, mayores porcentajes de población y en los que los negocios a través de lo público, puedan resultar más jugosos para sus intereses, algunos incluso con el objetivo de sostener el poder en los Estados que más cantidad de votos pueden arrojarles con miras a buscar el control de la Presidencia de la República.
En estos momentos, los mexicanos somos testigos de los movimientos que realizan las cúpulas al interior de los partidos políticos con el objetivo de cumplirse entre ellos los acuerdos realizados previamente para repartirse el pastel en proporciones según los intereses de cada uno. Zacatecas al ser un Estado de gran proporción territorial pero que electoralmente es poco rentable, es decir, la cantidad de votos no representa una gran pérdida en comparación con Estados como Nuevo León, CDMX, Guerrero, entre otros, por ello termina por convertirse en moneda de cambio, significando esto que es entregado a políticos que figuran en el ámbito nacional a cambio de sacar sus redes políticas de otros estados como de la Ciudad de México, entregando por completo a nuestro Estado y permitiendo que hagan y deshagan al momento de la definición de los candidatos, imponiendo a los de su contentillo, afines e incluso replicando las pácticas priistas en las que posesionaban a familiares cercanos y amigos.
Está práctica de convertir a nuestro Zacatecas en moneda de cambio, no beneficia en nada a la entidad, sino que por el contrario, termina por perjudicar al pueblo zacatecano, ya que se les retira toda posibilidad de ser representado por personajes políticos con capacidad, honestidad y proyecto real para transformar la vida del poco más de millón y medio de población, terminando como víctimas de una clase política que durante más de veinte años ha transitado de cargo en cargo, como servidores públicos o como representantes populares, de partido en partido y de proyecto en proyecto con el único objetivo de permanecer en el poder, recibiendo los grandes beneficios que del mismo se desprenden.
Zacatecas ha sido moneda de cambio desde hace años, trayendo como consecuencia una nueva generación de ricos emanados del servicio público y un gran porcentaje de personas viviendo en condiciones de pobreza, inseguridad, injusticia y falta de oportunidades. Hasta cuándo los institutos políticos lograrán entender que deben ser los zacatecanos los que elijan a sus representantes populares, hasta cuando entenderán que la transformación del país exige la democratización de nuestras instituciones, empezando por los partidos políticos.
