Con la participación de madres buscadoras de Guanajuato y Zacatecas, representantes del Centro Pro, y de la oficina de las Naciones Unidas, se desarrollaron las Jornadas en contra de la Desaparición Forzada, este viernes en el patio central del Museo Zacatecano.
En la mesa sobre “Retos y pendientes en la búsqueda de personas desaparecidas”, Elizabeth Araiza, hermana de José Nicanor Araiza, desaparecido en septiembre de 2018, lamentó que la cifra oficial de 3 mil 780 personas desaparecidas en el estado sea tan solo una fracción de las víctimas reales, ante la indefensión de las familias y la incapacidad de las autoridades para detener este delito.
Carmen Rosa Villa Quintana, miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, destacó que, al 14 de octubre del presente año, se contabilizan 535 personas desaparecidas en el estado, una tendencia que podría superar los récords anteriores. Explicó que varias recomendaciones clave emitidas por el Comité de la ONU han sido incumplidas por las autoridades en México y en Zacatecas.
El oficial de derechos humanos en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Alan García describió a las desapariciones en México como el «paradigma del crimen perfecto». Puntualizó que la impunidad casi absoluta de las desapariciones es el «principal combustible para la reproducción de la conducta criminal”.
Subrayó la necesidad de contar con perfiles idóneos dentro de las instituciones públicas y la urgencia de desarrollar una Estrategia nacional de prevención de desapariciones que sea ciudadana y no criminalizante. Sin esta estrategia, las capacidades institucionales seguirán desbordadas, afirmó.
La dimensión real de la crisis fue un tema abordado por Jairo Antonio López, investigador y activista integrante del colectivo Sangre de mi sangre – Zacatecas, quien recordó que el 50% de las desapariciones en el estado han ocurrido durante los últimos tres años, un dato “incomodo” que no se puede pasar por alto.
El investigador destacó que, en lugar de la tasa de localización de 70% en otros lugares, Zacatecas solo recupera a la mitad de sus desaparecidos, y puntualizó que “ir a hablar a las escuelas” de desaparición no constituye una estrategia real de prevención, pues estos programas requieren metodología, objetivos y metas estructuradas, para generar un impacto real y medible.
Guillermina Camacho, madre de Jorge Antonio Salinas Camacho, quien desapareció en marzo de 2017, denunció el «doble discurso» de las autoridades y solicitó que se atiendan 19 peticiones específicas que han sido ignoradas durante años, incluyendo el acceso a zonas de búsqueda que serían clave.
La integrante de Buscadoras Zacatecas A.C., Ely Araiza, explicó que la denuncia sobre la inclusión de activistas y madres buscadoras dentro de la lista que habría circulado durante el Tercer Informe de Gobierno del mandatario estatal, derivó en que los colectivos de búsqueda más organizados en el estado, ahora estén siendo aislados y privados de información.
Buscadoras de Río Grande mencionaron que resulta apremiante realizar jornadas de búsqueda en Tijuana y Durango, incluyendo centros penitenciarios y zonas de explotación y trata de personas.
En la mesa sobre “Retos y pendientes de la identificación de personas” intervinieron representantes del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo de Jalisco, de la Universidad Iberoamericana de León, y de los colectivos Siguiendo Tu Rastro con Amor, de Zacatecas, y Hasta Encontrarte, de Guanajuato.
Decir que hay 116 mil personas desaparecidas en el país, es negar a miles de campesinos y personas en situación vulnerable que han sido víctimas de este delito sin que nadie levanté la voz por ellos, reflexionó una de las participantes en esta mesa.
