La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México abrió una investigación por presuntas faltas administrativas en la alcaldía Benito Juárez, a cargo del panista Luis Mendoza, por posible incumplimiento en materia de construcciones y uso de suelo en 48 predios de la demarcación.
Se trata del expediente OIC/BJ/D/0029/2026 que se encuentra en etapa de investigación, y que se alimenta de casos provenientes de la mesa de registro y atención a posibles víctimas de corrupción en desarrollos inmobiliarios, que en su momento remitieron a la Contraloría, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (hoy Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México).
La apertura del expediente fue informada al Congreso capitalino luego de que en mayo pasado el pleno aprobara un punto de acuerdo para solicitar un análisis de las investigaciones administrativas relacionadas con el llamado cártel inmobiliario, en el que se acusó a la alcaldía Benito Juárez de permitir que funcionarios de áreas estratégicas, como la Dirección de Obras, así como la Jurídica y de Gobierno, autorizaran proyectos con un número mayor a los niveles permitidos en beneficio de compañías privadas, que construían y vendían departamentos a costos millonarios, lo que favoreció la gentrificación y la especulación inmobiliaria.
Pese a que el Legislativo pidió que el informe fuera detallado y público, la Contraloría General, cuya titular es Nashieli Ramírez, puntualizó que la documentación se considera información reservada.
“Su divulgación podría obstruir el desarrollo de las investigaciones tendentes a determinar la posible existencia de responsabilidades administrativas, por lo que no se puede transmitir mayor información a fin de preservar su integridad, eficacia y debido desarrollo”, informó la dependencia.
FGJ debe informar
El punto de acuerdo incluye un exhorto a la Fiscalía General de Justicia para que emita un informe público sobre el estado que guardan las investigaciones del llamado cártel inmobiliario en la Benito Juárez, el número de carpetas de investigación iniciadas, personas servidoras públicas investigadas y las acciones emprendidas para garantizar la reparación del daño a los afectados, al igual que la recuperación del patrimonio urbano de la capital.
Por su parte, el Instituto de Verificación Administrativa y la propia alcaldía deberán ejecutar supervisiones técnicas y dictámenes de seguridad estructural a los inmuebles con niveles excedentes que superen lo establecido en las licencias de uso de suelo.
