En reiteradas ocasiones hemos escrito aquí sobre la imperante necesidad de que el diseño original de nuestro sistema nacional anticorrupción (y por tanto el propio de los sistemas locales), sea sometido a un análisis riguroso, una discusión abierta y una propuesta de reforma. Esto porque, a pesar de que nos acercamos a la primera década de su existencia, el sistema sigue teniendo pendiente lograr su plena implementación; y queda mucho aún por decir de sus resultados, proyectados a nivel legitimidad. El punto ahora es que, si bien, antes este análisis se volvía deseable, ahora se torna urgente. Lo es así derivado de la agenda pública nacional que apunta a un rediseño pleno de nuestras instituciones.
Ha llegado el momento para que, aun cuando se trate de una reflexión interna, el proceso deliberativo para ser propositivos desde las instituciones que lo conforman, inicie y demuestre que puede adaptarse a la etapa que vive el país, atendiendo, además, a sus pendientes, que, insistimos, pueden deberse a su diseño, que, si bien apuntó a un caso exitoso (el sistema nacional de transparencia), no atendió otros igual de importantes, como lo fue la capacidad desarrollada por el Instituto Nacional Electoral y su antecesor en materia de fiscalización; tampoco incluyó una fórmula eficaz para integrar a sus procesos, mecanismos para perseguir el dinero producido por actos de corrupción y dejó de lado la importancia de la participación e incidencia ciudadana, más allá del Comité de Participación y su asiento (de presidente, que no es poca cosa) en el Comité Coordinador.
Si bien es cierto que el propio Sistema no contó nunca con todas las herramientas y recursos que hubiera requerido para su exitosa implementación, lo oportuno en este punto sería que, inclusive, se parta de esta realidad que en una década y dos gobierno federales y muchos otros estatales no se ha modificado y partir de ella para realizar una propuesta que retome los instrumentos, ventajas y oportunidades con los que sí cuenta, por ejemplo, las capacidades institucionales instaladas de los entes que lo conforman, tanto en materia de fiscalización, como de responsabilidades administrativas, justicia en materia de combate a la corrupción y prevención, entre otras.
Si el sistema es sobre todo una política instrumental de coordinación y articulación interinstitucional, entonces podemos avanzar en el aprovechamiento de las herramientas que ya se cuentan en las instituciones con asiento en dicho comité coordinador. Baste un ejemplo para ello. Una de las tareas más destacables, y a su vez que mayor desafío ha representado para el propio Sistema Nacional Anticorrupción es la puesta en marcha e implementación plena de la Plataforma Digital Nacional (PDN), que a su vez, albergará información relevante en seis sistemas: De evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal; De los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; De Servidores públicos y particulares sancionados; De información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización; De denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y De Información Pública de Contrataciones; en este aspecto, y reiterando que es apenas un ejemplo, valdría la pena explorar la posibilidad de que se suprima tal plataforma y ésta se integre a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que ya contiene casi toda la información que se pretende cargar en la PDN y a su vez, habilitar, a través de las modificaciones que sean necesarias, la posibilidad de que en la propia PNT, puedan presentarse denuncias anónimas, lo que además llevaría a la simplificación administrativa para la ciudadanía y a facilitar que en un solo espacio se encuentre la información que respalde los indicios para la presentación de dichas denuncias.
Lo que sigue para los sistemas anticorrupción es sin duda plantearse un análisis crítico, responsable y sensible políticamente al contexto para adaptarse y mejorar rumbo a la etapa que se consolida en México.
@CarlosETorres_
