La especialista participó en un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, donde miembros del GIEI y académicos insistieron en la necesidad de que el Ejército presente la documentación que aún tiene sobre el tema, para esclarecer el paradero de los jóvenes.
Carlos Beristain, también del grupo interdisciplianrio, puntualizó que el rechazo a entregar esos datos no sólo es una negación de datos en términos del derecho a la información, de la transparencia o de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino es un ataque a la integridad sicológica de los familiares de las víctimas.
Recordó que el ex presidente Enrique Peña Nieto prescribió a las familias aceptar la verdad histórica, lo cual es una tortura sicológica.
No se le puede prescribir a la gente que haga un proceso intrasíquico de aceptar la muerte de sus hijos sin que sepan la verdad de lo que les sucedió. No se puede hacer, subrayó en una sala del IIJ.
Buitrago destacó que en el caso ha habido marcha adelante y marcha atrás. Como parte de la primera ubicó la creación de la unidad especializada, pero como parte de la segunda dijo que ha habido recortes en la autonomía e independencia de esa instancia. La salida de los fiscales y la forma en que se les presionó redunda en perjuicio de esclarecer los hechos, añadió.
Vía Internet, la experta consideró que para avanzar en el caso se requiere una fiscalía que realmente sea independiente y autónoma y no esté al vaivén de las órdenes del Presidente ni del fiscal general. También se necesita una decisión real y no meramente política.
Insistió en que no se sabrá la verdad sobre lo ocurrido mientras se niegue la información que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional.
El abogado de los padres de familia de los normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, manifestó preocupación por el hecho de que la defensa de los militares detenidos pretenda que se llame a declarar a los integrantes del GIEI y al subsecretario Alejandro Encinas, cuando los indiciados no están acusados de desaparición forzada, sino de delincuencia organizada.
Resaltó que se interpuso un amparo contra esa pretensión y se recurrió al Consejo de la Judicatura para que esté alerta sobre el asunto.
En el foro, la académica Angélica Cuéllar indicó que en el caso Ayotzinapa hubo un punto de inflexión cuando se giraron órdenes de aprehensión contra militares, pues se oscureció el poder llegar al fondo de los hechos.
En vísperas de la marcha que realizarán los familiares de las victimas en la Ciudad de México, dijo que es necesaria la movilización ciudadana para volver a abrir la posibilidad de saber qué pasó con los estudiantes y para que el presidente Andrés Manuel López Obrador no termine su administración con este retroceso.
Zoraida García, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, expuso que, a petición de la Comisión de la Verdad, expertos de esa institución, en colaboración con el Instituto Geo del Conahcyt, tuvieron acceso al expediente y plantearon lo que había de hacerse para la identificación de los restos humanos encontrados. Centraron su atención en residuos petrosos que se encuentran guardados en una bodega, subrayó.
