Cada día, dos migrantes son víctimas de algún crimen en México: ministra

El fenómeno migratorio debe atenderse desde un enfoque de derechos humanos, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa. Como mujeres y hombres de leyes, estamos obligados a la defensa de los derechos humanos de todas las personas, pero sobre todo de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

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Indicó que, de acuerdo con la información registrada en las estaciones migratorias, entre 2016 y febrero de este 2023, se registra que al día 2.19 personas migrantes irregulares han sido víctimas de algún crimen en su paso por México.

Hablamos de personas que hacen frente a múltiples obstáculos, como precariedad económica, violencia y discriminación, inseguridad, a veces víctimas de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes o a la trata de personas.

Al respecto, mencionó que –sin ir más lejos– tenemos el caso de las boyas flotantes y alambre de púas colocados por el estado de Texas para evitar el paso de migrantes hacia ese estado y desde nuestro territorio.

La ministra dictó la conferencia magistral Derechos de las Personas Migrantes, en Tapachula, Chiapas, donde acudió invitada por la Asociación de Abogados de esta ciudad. Aseveró que, para hacer frente al fenómeno migratorio, es necesario atenderlo desde un enfoque de derechos humanos, promoviendo un orden de paz y justicia, por lo que el acceso a ésta, independientemente de la situación migratoria de las personas, cobra la mayor relevancia.

Resaltó que la migración internacional no es un tema que atañe sólo a México o a los estados fronterizos, sino que es un fenómeno global y que la movilidad humana representa un desafío para muchas naciones, pues se trata de personas que se ven obligadas a abandonar su país de origen por guerras, por violencia e inseguridad, por exclusión social y pobreza, por desastres naturales debidos al cambio climático, entre otras causas.

Porque como mujeres y hombres de leyes, sea como personas juzgadoras, como servidoras públicas, como litigantes, como asesoras, estamos obligados a la defensa de los derechos humanos de todas las personas, pero sobre todo de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, tal como las personas en situación de movilidad, añadió.