En días pasados estuvo en México Paula Gaviria, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos. En su visita de trabajo, en la que se reunió con diferentes actores gubernamentales, académicos, sociedad civil, organizaciones y colectivos de víctimas, la Relatora reconoció que la situación del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México es muy preocupante, que existen brechas y fallas institucionales para su atención adecuada y, principalmente, que, si en este momento no se toman medidas contundentes, corremos el riesgo de vivir una crisis humanitaria aún mayor. En este marco, el Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes instó al Estado mexicano a cumplir todas las recomendaciones emitidas por la ONU, con especial urgencia, la referida a la creación de una Ley General para atender el desplazamiento forzado (que lleva años estancada en el Senado), así como la creación, desarrollo e implementación de respuestas integrales al DFI con la inclusión y participación de las personas desplazadas.
Una de las fuentes reconocida por la Relatora Especial son los informes elaborados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, ONG que ha contabilizado lo que clasifica como desplazamientos forzados masivos. Si bien este registro deja de lado los casos de desplazamiento individual o “silencioso”, no es menos cierto que brinda un panorama general, a partir del cual se debe poner atención en los escenarios locales. Según esta ONG, tan sólo en el 2022 se registraron 9.602 víctimas de desplazamiento forzado interno; el 90% de los casos se dieron en Chiapas, Michoacán y Zacatecas. Según el acumulado histórico, en el país existen más de 386.197 personas desplazadas forzadamente. En el caso de Zacatecas, destaca que, durante el 2021 y 2022, fue un estado crítico de este fenómeno, dados los episodios de DFI que se presentaron en la zona centro sur, en los municipios de Jerez, Valparaíso, Susticacán, Tepetongo y Monte Escobedo. Estos municipios conforman un corredor estratégico que conecta la frontera de Jalisco con la Sierra Madre Occidental, las carreteras hacia Fresnillo y los estados de la frontera norte.
Particularmente, en el municipio de Jerez, el gobierno reconoció públicamente que se dio el desplazamiento de por lo menos 4.000 personas, en medio de cruentas confrontaciones entre “organizaciones criminales” (aunque la presencia de la Guardia Nacional tardó más de un año para hacerse sentir allí). Aunque hoy se afirma que aproximadamente el 60% de esta población ya ha retornado, cuando se tiene la posibilidad de ir a la región se escucha un claro escepticismo frente a este optimismo. Hace tres semanas tuvimos la oportunidad de ir a las localidades de la sierra, especialmente en Palmas Altas. Entrar a la sierra es contrastante, por su belleza y riqueza natural, al tiempo que por el miedo que se puede atestiguar en la población. En Jerez las localidades más afectadas fueron Palmas Altas, Ermita de los Correa, Sarabia, Guadalupe Victoria, Ermita de los Murillos, Cieneguillas. Estas localidades son pequeñas y se basan principalmente en la producción de subsistencia de frijol, durazno, avena y ganadería. Particularmente en Palmas Altas, de menos de 400 habitantes, la población que ha retornado no superaba las 100 personas, y según sus habitantes, muchos de los desplazados se encuentran ya habitando en Estados Unidos o no piensan regresar. En las demás localidades hubo violencias y saqueo a las propiedades. Las casas fueron tomadas por meses, y al final, hubo rapiña, despojo de bienes y ahorros de toda la vida. Una constante de todos los casos es que, antes del DFI, hubo “acumulados de violencias”: desaparición de personas, tortura, violencia sexual, extorsión. Las personas desplazadas sufren desarraigo, su vida debió cambiar totalmente, generando enfermedades, estrés y quiebres vitales.
Justamente la semana pasada, el gobernador hizo presencia en las localidades que fueron más afectadas por el DFI, realizando una serie de, cuando menos, desafortunadas afirmaciones, al decir que fueron unas pocas comunidades las afectadas, o el reducir la atención de la crisis a medidas asistencialistas como son arreglar y pintar casas. Está claro que al gobierno le preocupa lo que señalan como una “disociación” entre cifras y percepciones de violencia. Y si bien los homicidios dolosos vienen en una constante reducción, lo que no puede obviar el gobierno es que las manifestaciones de las violencias en el territorio zacatecano deben ser entendidas también en su grado de crueldad y densidad. Esta crueldad nos habla de otro tipo de efectos que se generan sobre los individuos y la sociedad. La ecología de la violencia muestra a diario que Zacatecas es el estado del país con la mayor tasa de desaparición de personas por cien mil habitantes; que se perpetran masacres; se regularizan confrontaciones armadas que incluyen acciones que atemorizan a la población (como la toma de carreteras y los robos masivos de vehículos); se da el despojo, la extorsión y la violencia sexual. Este acumulado de violencias configuran órdenes de terror donde la gran pregunta es: ¿Cuáles son las medidas de reparación individuales y colectivas? ¿Cuáles son los planes de atención psico-social frente a los efectos de la barbarie?
El DFI está vinculado con experiencias que generan mucho temor, por lo cual es difícil acceder a testimonios de los sujetos desplazados, quienes, además, antes que reconocerse como víctimas, suelen identificarse como supervivientes. Una de las implicaciones de esta situación es el tipo de demandas y reclamos que se lleva ante el Estado, pues si de entrada pudiéramos aceptar que éste no es el “agente desplazador”, sí es cierto que, según todas las normas, principios y tratados internacionales, tienen la responsabilidad de atender, de manera integral, a las víctimas, reparar el daño y generar garantías de no repetición.
Si el gobierno de Zacatecas tuviera una perspectiva de reparación desde los derechos humanos, empezaría por socializar cuántos de los hechos de victimización asociados al DFI están siendo investigados, qué carpetas existen sobre los responsables (directos e indirectos) de los delitos cometidos, las estimaciones de reparación material y psicológica, entre otras. De la misma manera, debería contar con planes de atención y respuesta inmediata para cuando se vuelvan a presentar oleadas de DFI, pues uno de los fundamentos de la reparación y justicia son las garantías de no repetición. La guerra no terminará pintando casas y, mucho menos, si no somos capaces de reconocer que ésta es una realidad. Las acciones violentas en la región centro sur se mantienen, y más allá de las explicaciones de las confrontaciones entre “cárteles”, la población se pregunta por qué se permite la impunidad. El retorno estable y duradero es una obligación del Estado, y algo que prima en el paisaje de las localidades de la sierra de Jerez, aún, son las muchas casas, pintadas, pero con candados y deshabitadas.
La verdad y la memoria sobre las implicaciones del Desplazamiento Forzado Interno en Zacatecas es fundamental. Impunidad y asistencialismo no generan garantías de no repetición.
*Profesor e investigador de la Unidad
Académica de Ciencia Política de la UAZ
