“Lo que pasa en sala de audiencia es un reflejo de lo que pasa en sociedad”, afirma David Reza Martínez, candidato a juez penal del Estado por el distrito judicial de Miguel Auza. Esa frase resume su visión sobre el papel del juzgador en un contexto de violencia, desconfianza institucional y profundas brechas de acceso a la justicia. Para el jurista, el Poder Judicial no puede ser un ente aislado ni autosuficiente, y el primer paso para recuperar su legitimidad es volver a hablar con claridad a la gente.
Originario de Juan Aldama, Zacatecas, Reza Martínez es candidato a juez penal por el distrito judicial de Miguel Auza. Aunque el cargo corresponde a una sola región, su nombre aparece en todas las boletas del estado de Zacatecas, dentro de la boleta verde, con el número 09, y su candidatura será votada por toda la ciudadanía del estado.
A partir de su paso por la defensoría pública, el Poder Judicial local y federal, y el Tribunal especializado en justicia para adolescentes, Reza Martínez sostiene que la función del juez debe ejercerse con conocimiento técnico, pero también con sentido de responsabilidad pública: el juez, dice, no debe actuar como una figura ajena a su entorno.
“No me considero una persona distinta a la sociedad. Soy un miembro activo de mi comunidad que tiene el privilegio de tener conocimientos y experiencia. Eso no me hace especial. Me genera una obligación”, afirma.
Una parte esencial de su propuesta es reforzar los conversatorios interinstitucionales y también aquellos entre juzgadores de la misma especialidad (figuras análogas).
Señala que estos espacios son necesarios no solo para actualizarse en criterios jurídicos, sino para identificar patrones delictivos y fenómenos sociales que impactan directamente en las salas de audiencia.
“La impartición de justicia no solamente se debe limitar a la cuestión jurídica, sino verificar con qué otras ramas de la sociedad puede tener interacción: como la educación, la salud, la seguridad pública”, enfatiza.
Desde su visión, la actualización judicial debe incorporar una lectura más amplia del contexto. No basta con aplicar el derecho tal como está escrito. “El derecho es dinámico. No permanece estático. Esto es a causa de que, pues, nuestra sociedad también está en constante evolución y debemos de estar conscientes de que todas las reformas (…) atienden a la realidad actual.”
El candidato también subraya la importancia de que los jueces cuenten con herramientas jurídicas para resolver casos donde dos derechos humanos entran en conflicto. Señala que no todos los derechos son absolutos y que, en ciertos casos, puede ser necesario limitar uno para proteger otro que, en el contexto específico, resulta más relevante. “En ocasiones se tiene que limitar o se tiene que consentir la vulneración de un derecho humano, siempre y cuando se esté garantizando uno diverso de mayor valía”, explicó refiriéndose a la ponderación de derechos.
Sobre la función misma del juzgador, señala que no basta con el conocimiento: se requiere carácter. “Un buen juez no solamente debe ser profesional. Debe ser valiente.”
Respecto al vínculo entre la ciudadanía y el sistema judicial, Reza es crítico con la tradición institucional que asume desinterés o ignorancia del público. “Hay que erradicar la idea de que la gente no tiene capacidad de entender.”
Afirma que uno de los principales desafíos del Poder Judicial es comunicar con claridad por qué se toman ciertas decisiones, y hacerlo no sólo dentro del juzgado, sino en los espacios públicos disponibles: “La transparencia no solamente es abrir el juzgado, sino que la información y lo que sucede dentro del juzgado llegue a la sociedad.”
Para ello, sugiere que los jueces aprovechen las herramientas tecnológicas actuales. En su opinión, redes, plataformas y medios digitales deben ser parte de una nueva forma de relación entre el juzgador y la comunidad: “Estamos en una era digital, y hemos omitido aprovechar eso desde los órganos jurisdiccionales.”
La desconfianza hacia la justicia, dice, no se combate solo con leyes ni con discursos. Requiere acciones concretas y una ciudadanía informada. “Un pueblo informado es un pueblo empoderado.”
Concluye afirmando que no se trata solo de aplicar la ley: también de dar ejemplo. “Tenemos que acabar con las malas prácticas cambiando las costumbres. Denunciar es una responsabilidad cívica.”