En conferencia de prensa, la diputada local Priscila Benítez Sánchez, advirtió que de revocarse su nombramiento como titular del Órgano de Administración y Finanzas de la 64 Legislatura, tal y como lo están buscando los diputados de Morena, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas estaría juzgando un caso sin perspectiva de género y se cometería también un acto de violencia política de género.
El pasado 28 de abril, recordó la legisladora de la bancada de Nueva Alianza, fue designada por sus compañeros para presidir el Órgano de Administración y Finanzas de la Legislatura con el objetivo de hacer efectiva la alternancia y paridad de género en la integración de los órganos de gobierno del Poder Legislativo, ya que en el primer periodo, dijo, el cargo fue ocupado por un diputado y puesto que el artículo 129 de la Ley Orgánica de dicho poder, señala que en la rotación de las presidencias se debe respetar dicho principio.
En su momento, dijo Priscila Benítez Sánchez, fue designado para ocupar esa presidencia el diputado Armando Delgadillo Ruvalcaba, con lo que se incumplía con lo señalado por la Ley Orgánica de la Legislatura, por ello, con el aval de los diputados, se modificó la comisión para nombrarla a ella y cumplir así con el principio de paridad.
Ante esto, expuso la legisladora, diputados y diputadas de Morena se inconformaron señalando que era una violación a la ley y a los derechos del diputado Delgadillo Ruvalcaba, lo cual desmintió, pues la única violación, dijo, es que no quieran respetar el principio de paridad y que mujeres estén avalando esto. Benítez Sánchez, precisó además, que al diputado nunca se le quitó la oportunidad de participar en este órgano porque sigue siendo secretario.
“Tenemos conocimiento de que el diputado Armando Delgadillo, así como otros diputados, promovieron un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano alegando las supuestas violaciones que ya hemos mencionado, con la intención de que su servidora sea removida de la presidencia del Órgano de Administración y Finanzas, y consecuentemente le sea asignada al diputado Armando”.
Esto, continuó la legisladora, le parece una incongruencia principalmente por mujeres que pertenecen a la vida pública del estado, por lo que dijo confiar plenamente en que las tres magistradas del Trijez actuarán en congruencia, pues si le revocan la designación, advirtió, entonces no solamente estarían juzgando sin perspectiva de género, sino que además estarían constituyendo un acto de violencia política por razones de género en contra de su persona, lo que sería “alarmante”, dijo.
“En caso de que los magistrados y magistradas del Trijer resolvieran en el sentido de removerme de la presidencia, quiero anticipar públicamente que no nos quedaremos de brazos cruzados, buscaremos justicia en las instancias federales y solicitaremos a la Sala Superior la atracción del caso. Además, promoveré las denuncias correspondientes por violencia política de género y de igual forma, analizaremos promover un juicio político en contra de quienes violen el principio de paridad de género, que se trataría además de una violación directa a la constitución”.
