En conferencia de prensa, Carlos Peña Badillo, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció la propuesta de crear una Comisión Especial para investigar el caso Teuchitlán, criticando las inconsistencias en las declaraciones de las autoridades federales y exigiendo justicia para las víctimas.
También se refirió a la paralización de la obra del segundo piso en Zacatecas, responsabilizando al gobierno local por la falta de permisos. Además, la diputada Isadora Santivañez presentó iniciativas para ampliar la «Ley 3 de 3 contra la violencia» y avanzar en la búsqueda de igualdad de género.
Peña Badillo expresó la postura de su partido en relación con el caso Teuchitlán, un tema que ha conmocionado a la sociedad mexicana y al mundo entero.
Durante su intervención ante los medios, Peña anunció que el PRI busca la creación de una Comisión Especial para investigar los hechos ocurridos, situación que ha desatado una serie de inconsistencias en las declaraciones de autoridades federales.
“Es necesario que las fiscalías estatales y federales, los colectivos de madres y padres buscadores, peritos expertos y organismos de la sociedad civil en derechos humanos participen desde una perspectiva interdisciplinaria, buscando la verdad y justicia que exigen los mexicanos”, agregó.
El dirigente del PRI mencionó la falta de congruencia en las manifestaciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.
Además, criticó duramente las palabras de Gerardo Fernández Noroña, quien, en tono despectivo, había señalado que no se sabía si los restos encontrados pertenecían a personas que habían sufrido violencia o depresión.
“México no puede seguir viviendo en la insensibilidad ni en el intento de crear una realidad distinta a la que vivimos los mexicanos», dijo Peña, quien reafirmó el compromiso del PRI con las madres buscadoras de Jalisco y de todo el país.
«Nos solidarizamos con ellas y con las víctimas de la violencia, y exigimos al gobierno que cumpla con su deber de esclarecer estos hechos», añadió.
Peña Badillo recalcó que el PRI no busca sacar ventajas políticas de un suceso tan doloroso, sino hacer un llamado a las autoridades federales para que asuman su responsabilidad y actúen con prontitud. Insistió en que el gobierno debe dejar de mentir y ponerse a trabajar en la búsqueda de justicia para las víctimas de desapariciones en México.
Por otro lado, Peña también abordó el tema de la construcción del segundo piso en Zacatecas, un proyecto que sigue siendo polémico en la región.
En este sentido, respaldó los esfuerzos del abogado Jorge Rada, quien presentó un amparo ante la falta de permisos de construcción.
“Este gobierno no puede seguir tomando decisiones erróneas que afectan directamente a la sociedad zacatecana”, expresó.
El dirigente del PRI denunció que, aunque el gobierno de Zacatecas está perdiendo más de 4 millones de pesos diarios por la paralización de la obra, no se ha tomado acción para esclarecer quiénes son los responsables de la falta de permisos. Además, pidió a la Secretaría de la Función Pública que actúe con celeridad y ponga fin a estas irregularidades.
Peña concluyó su intervención haciendo un llamado a la unidad y a la acción conjunta de todos los sectores de la sociedad para exigir justicia.
«Este PRI se compromete a seguir luchando por la verdad y la justicia para todas las víctimas de la violencia en México, y a exigir al gobierno que actúe con responsabilidad, sin excusas ni justificaciones», finalizó.
Por su parte, Isadora Santivañez Ríos, diputada y presidenta del ONMPRI, presentó una iniciativa vinculada a la ampliación de la «Ley 3 de 3 contra la violencia», la cual busca prohibir que personas sentenciadas por delitos de violencia de género, abuso sexual, violencia familiar, violencia económica, o que no cumplan con la manutención de sus hijos, accedan a cargos públicos.
Esta medida aplica tanto para puestos de representación popular como para cargos administrativos de primer nivel en los gobiernos municipales y estatales. El objetivo de la ley es asegurar que los servidores públicos estén verdaderamente al servicio de la gente y tengan la integridad moral necesaria para ocupar esos roles.
Además, la diputada mencionó otras iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del PRI, como una que busca identificar y prevenir la violencia política de género utilizando inteligencia artificial. Esta propuesta tiene como fin proteger a las mujeres involucradas en la vida pública y política, especialmente en contextos donde la violencia limita su participación.
Finalmente, Santivañez destacó que muchas mujeres se ven desincentivadas a aspirar a cargos políticos por el miedo a ser víctimas de violencia o señaladas, y enfatizó que la iniciativa busca promover la democracia, la participación política de las mujeres y su protección en un marco legal aún no completamente regulado en el país.
