Sobre la creación y funcionamiento de la presunta Comisión Especial del Senado para determinar la existencia de presuntos abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, la Cámara Alta precisó que la normatividad del Congreso de la Unión y sus Cámaras marca que la creación de Comisiones Especiales por el Senado de la República se rige de manera específica por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento del Senado de la República, se informó en un comunicado.
Con base en el artículo 119 del Reglamento del Senado de la República se informa que:
- Las comisiones especiales se constituyen para realizar investigaciones en los términos del tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución. También se crean para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específico, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso, que refiere a la existencia de Comisiones con carácter transitorio para conocer exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas o desempeñar un encargo específico.
- Las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política; en ningún caso tienen facultades para emitir dictámenes de carácter legislativo.
- El acuerdo que las crea precisa su naturaleza, objeto y plazo de cumplimiento, número y nombre de sus integrantes, la composición de su Junta Directiva, así como la periodicidad para la presentación de informes.
En este sentido, es claro que la mencionada Comisión Especial para Veracruz es ilegal y carece de legitimidad, toda vez que al no cumplir con los procesos legislativos, no existe.
Un aspecto muy importante que se debe destacar, es que las comisiones especiales aunque ciertamente son creadas a través de un Acuerdo Parlamentario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Acuerdo debe ser puesto a la consideración de la Mesa Directiva de la Cámara, con la finalidad de que éste órgano de gobierno lo someta a la consideración y eventual aprobación del Pleno, y hasta entonces es que la Comisión Especial de la que se traté podrá empezar a funcionar y a ejercer el objeto para el cual fue creada.
En ese sentido, es que la JUCOPO transgrede lo establecido en el artículo 82, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso, ya que su propuesta de creación de la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al estado de derecho en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no la presentó al Pleno por conducto de la Mesa, y adicionalmente además de inmediato dio paso a su instalación y entrada en funcionamiento.
De la misma forma, también se violenta el artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, que establece de manera puntual que las comisiones se instalan dentro de los 10 días hábiles posteriores a la aprobación del Acuerdo que las integra.
En el caso que nos ocupa, la Comisión fue instalada sin que el Acuerdo de creación e integración fuese aprobado previamente por el Pleno de ese Senado.
De manera específica, en el caso del Senado de la República debemos recordar que el Pleno camaral es “el máximo órgano de decisión del Senado, reunido conforme a las reglas del quórum”, según lo establece el artículo 2, numeral 1 de nuestro Reglamento. Y en el caso que nos ocupa, dicho ordenamiento también fue transgredido y pasado a segundo término, ya que nuestro Pleno senatorial nunca aprobó el Acuerdo de creación de esa Comisión.
Por lo anterior, es un hecho que las diferentes acciones y diligencias que ha realizado desde finales de diciembre de 2021 hasta la fecha carecen de legalidad y legitimidad.
No podemos estar de acuerdo en la creación de comisiones especiales al vapor, omitiendo los trámites legislativos que están previstos de manera puntual en los ordenamientos jurídicos vigentes que rigen la vida parlamentaria, debemos esforzarnos por contar con comisiones que fortalezcan el sistema institucional a través del cual se consolide la legitimidad de la labor congresional.
Sin embargo, debemos aclarar que seguimos estando de acuerdo con las luchas que la izquierda ha librado a través de la historia, para construir un México más justo para todas y todos los mexicanos. En este sentido, muchas y muchos hemos dado diversas luchas para construir instituciones que garanticen la certidumbre de legalidad, presunción de inocencia y procesos transparentes y justos, por lo cual, alzamos la voz para pedir un proceso transparente para nuestro compañero José Manuel del Río Virgen.
Pero, no creemos que, violando la legalidad podamos aportar algo al caso de Del Río Virgen, pues el que unos cuantos senadores, a título personal, hagan declaraciones a nombre del Senado para desestabilizar a un gobierno legalmente constituido, es una forma de sorprender al pueblo de México para golpear al movimiento que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
No podemos permitir que haya grupos de senadores que decidan órganos que queden por encima del Pleno senatorial para intereses de facción, pues no hay senadores de primera o segunda, donde unos tomen decisiones por encima de los intereses del Senado mismo.
Debemos ser cuidadosos y salvaguardar la naturaleza jurídica de nuestros actos pues ello nos brinda la legitimidad y calidad moral para representar al pueblo de México. La creación al vapor y sin fundamento de esta comisión es un arma para denostar al gobierno de la 4T.
