El tránsito migrante por México está plagado de riesgos, pero para las mujeres, la violencia sexual es una amenaza omnipresente. Desde el Río Suchiate, en el sur, hasta las ciudades fronterizas del norte, los testimonios revelan una ruta saturada de abusos. Muchas mujeres son obligadas a pagar con sus cuerpos para continuar su trayecto, otras son secuestradas por grupos criminales que las someten a explotación sexual, y algunas más enfrentan agresiones incluso en los albergues donde buscan refugio.
En este contexto, algunas organizaciones han promovido la implantación de anticonceptivos de larga duración como parte de una política de reducción de daños antes de que las mujeres emprendan su viaje.
Esta medida tiene como objetivo prevenir embarazos no deseados en caso de violación, ya que un embarazo forzado puede representar un riesgo extremo para la salud física y emocional de las mujeres migrantes en tránsito, quienes enfrentan condiciones de precariedad, falta de acceso a servicios médicos y exposición a mayores niveles de violencia o explotación.
Sin embargo, para activistas que trabajan directamente con migrantes, aunque esta medida puede ser vital en casos específicos, es un recurso insuficiente ante una realidad devastadora que exige dejar de normalizar la violencia sexual.
Los críticos señalan que estas políticas, si no se implementan adecuadamente, pueden desviar la atención de los problemas estructurales: la falta de seguridad en las rutas migratorias, la impunidad de los agresores y la ausencia de políticas públicas que prioricen los derechos humanos.
Según Médicos Sin Fronteras, en los últimos años, seis de cada diez mujeres migrantes reportaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual durante su tránsito por México. Solo en 2023, las consultas por violencia sexual en clínicas de esta organización en la frontera norte aumentaron un 70 por ciento respecto al año anterior. Además, un informe del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) señala que un alto porcentaje de estas agresiones no se denuncian, ya sea por miedo a represalias, desconfianza en las autoridades o por el riesgo de ser deportadas.
Colectivos como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) han exigido al gobierno mexicano reforzar la vigilancia en las rutas migratorias, garantizar que los albergues sean espacios seguros y castigar a los agresores, dejando de ver a las mujeres como un daño colateral de la migración.
Activistas y expertos coinciden en que las políticas de reducción de daños son paliativas y deben ir acompañadas de un enfoque integral. Esto incluye la implementación de protocolos de seguridad en las rutas migratorias, apoyo legal para las sobrevivientes y programas que enfrenten las redes de trata de personas.
El tránsito migrante no debería ser una sentencia de violencia para las mujeres. Abordar este problema requiere un compromiso real de las autoridades, no solo para prevenir agresiones, sino para construir una ruta donde la dignidad humana esté al centro de la política migratoria.
