En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada año el 25 de noviembre, activistas feministas demandan atención para las 122 desapariciones de mujeres que se han registrado este año en Zacatecas, una cifra que supera el máximo histórico de 105 casos en 2021. Además, el delito de violencia familiar representa el segundo más denunciado en la entidad, con 3 mil 673 denuncias anuales y una cifra negra del 96 por ciento.
Durante la reciente mesa de diálogo «Hallazgos desde lo local 2023» para el seguimiento y evaluación de la justicia penal en Zacatecas, Verónica Aguilar Vázquez y María Luisa Sosa de la Torre, reconocidas activistas del Movimiento Feminista de Zacatecas, expusieron algunas demandas clave para enfrentar la violencia de género en el estado.
Ambas, desde su perspectiva como académicas y representantes de organizaciones civiles que integran junto a autoridades la Red Justicia local de México Evalúa, expresaron preocupaciones sobre la ineficacia de los programas de reeducación para personas agresoras y las deficiencias en el sistema de salidas alternas del Poder Judicial.
María Luisa Sosa afirmó que 81 por ciento de los casos de violencia familiar en Zacatecas concluyen con una suspensión condicional del proceso, lo que percibe como un reflejo del índice de impunidad al no darse una auténtica revisión de los casos. Verónica Aguilar señaló que estas medidas son utilizadas para «cerrar casos de manera cómoda», dejando a las víctimas sin reparación efectiva o sin sentir que sus derechos han sido respetados.
Respecto a la reeducación de personas agresoras se mencionó que estos programas tienen poco impacto, ya que no están diseñados para abordar las causas subyacentes del comportamiento violento. La importancia de contar con especialistas de calidad para distinguir cuando la reeducación sí puede ser efectiva a través de psicoterapia, fue otro de los puntos abordados.
Frente al secretario general de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), las feministas resaltaron la pertinencia de un programa en estudios de género dentro de la institución. “Queremos saber cómo se pudo abrir (una licenciatura en) Ciencias Forenses y no se ha podido abrir estudios de género en la Universidad «, indicó Sosa de la Torre, destacando que los estudios forenses abordan las consecuencias de las violencias una vez que ya han ocurrido, mientras que los estudios de género se enfocan en la prevención.
Uno de los objetivos del 25N, como es la erradicación de las violencias institucionales conlleva abordar la reciente despenalización del aborto en la entidad. Este hecho es señalado por el Movimiento Feminista de Zacatecas como un avance significativo, pero que constituye apenas un inicio para garantizar el acceso pleno y efectivo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
«Desde las colectivas feministas, hace décadas cubrimos con recursos propios los abortos de aquellas mujeres que han decidido ignorar la criminalización», señalaron las feministas zacatecanas en su más reciente comunicado.
Denunciaron que al acoso por parte de autoridades religiosas sigue rampante y criticaron la postura de las legisladoras que argumentaron insuficiencia presupuestal para implementar adecuadamente el acceso al aborto seguro.
El sector salud y las autoridades educativas tienen la responsabilidad de garantizar acciones efectivas para erradicar la violencia institucional que condena a las mujeres al desamparo legal y sanitario, exponiéndolas a riesgos graves al recurrir a abortos clandestinos o al ser obligadas a continuar embarazos no deseados, enfatizan las activistas.
