El pasado 17 de octubre, la actual titular de la Secretaría de la Función Pública, presentó en la mañanera que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, el proyecto para transformar dicha dependencia en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Cabe repetir los principales puntos de su presentación: primero, divide en dos lo que llaman los diez pilares que habrán de guiar el actuar de esta nueva dependencia: el primero, es el de buen gobierno, que implica: uno, dignificar la carrera del servicio público a través de la formación en integridad y capacitación para el cumplimiento de sus metas. Ello implica, desde luego, una perspectiva que apuesta en el capital humano y la instalación de capacidades humanas e institucionales a partir de las personas, pero también apuesta a construir una cultura de la integridad en el servicio público, lo que es, a su vez, un gran tino, pero también un desafío de largo plazo; dos, dar acompañamiento preventivo a las instituciones y blindar los programas prioritarios desde un inicio. Es decir, apostar por focalizar los esfuerzos de la burocracia de control en prevenir los actos de corrupción y particularmente en generar candados que aten las manos en las políticas prominentes del gobierno; tres, modernizar la administración pública federal para inhibir la corrupción y eficientar su desempeño. Para tal efecto se requiere una política pública que apueste, tanto la digitalización, como a la reforma jurídica para dar cabida a procedimientos y mecanismos ágiles, que estén adaptados a dichos fines. Cuatro, Consolidar compras públicas transparentes, a precios justos, que fomenten proveeduría nacional, mipymes y sostenibilidad ambiental. El gran tema de las adquisiciones y contrataciones en el sector público con un enfoque que aprecie la importancia de otro tema no menor en nuestros días: el cuidado del medio ambiente. Cinco, transparencia proactiva. Este tema se cuece aparte y requerirá de la máxima atención, más aún con la confirmación del planteamiento para desaparecer a los órganos garantes con autonomía constitucional y la reforma a la ley general de transparencia, en la que ya se trabaja, según anunció también la secretaria Buenrostro. Seis, sumar a la sociedad y al sector privado en la lucha contra la corrupción. Supone mejorar los mecanismos que ya existen en la dependencia respecto a los llamados ciudadanos alertadores de la corrupción, figuras como contraloría social e impulsar con mucho mayor compromiso y fuerza otras iniciativas que existen ya en el sector privado y educativo, como el esfuerzo que ha venido realizando la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, respecto a la integridad empresarial; además, claro de mejorar los instrumentos y participación ciudadana que hoy están anclados la vertiente electoral y política, para evolucionar al área de la incidencia en la política pública.
Con respecto a la vertiente anticorrupción, se anunciaron cuatro puntos, todos enfocados en el área de las responsabilidades administrativas, su detección, investigación y sanción, en los siguientes puntos: Enfocar a los órganos internos de control en áreas de mayor impacto y relevancia; fortalecer la cultura de la denuncia en el sector público y privado, y garantizar su confidencialidad; realizar investigaciones que inhiban la corrupción y combatir la impunidad. Que violar la ley sea más caro que cumplirla. Con ello parece quedar atrás la propuesta hecha en campaña por el hoy senador Javier Corral, de crear la Agencia Federal Anticorrupción, que separaría tales facultades de lo que hoy es la Secretaría de la Función Pública, para colocarlas en dicha agencia, dependiente directamente de la titular del Ejecutivo Federal. Se veía venir, de hecho, desde la presentación del gabinete de la Presidenta Sheinbaum, en el que se anunciaron nombramientos en áreas aún inexistentes en la norma. Habrá que seguir analizando y profundizando respecto a lo dicho y presentado el pasado 17 de octubre, especialmente en lo que respecta a la transparencia y, lo que, a mi vista, es la gran ausencia en la cascada de reformas constitucionales: la integración, como derecho humano constitucionalizado del derecho al ambiente libre de corrupción.
*Las opiniones aquí vertidas, son de carácter estrictamente personal, por lo que, no necesariamente representan la postura que el autor pudiera tener en otros roles desempeñados en su vida pública y profesional.
