¿Qué sabemos realmente de los cuatro adolescentes de Calera, Zacatecas, que desaparecieron un 7 de julio y posteriormente aparecieron ejecutados, presuntamente por elementos del 97 batallón de infantería adscrito a la base militar de Fresnillo, en ese norteño estado de la República?
Un acercamiento lo tenemos en los reportes de seguimiento realizados en 2012 y 2013, del Sistema Local de Protección a la Infancia en Calera, una iniciativa impulsada por Unicef y Odisea, AC, que revelan el mundo de discriminación, pobreza, alcohol y drogas que rodeó a Víctor Hugo González Cisneros, uno de esos cuatro muchachos.
¿Víctimas o victimarios? ¿Será que el Estado no tenía mucho qué hacer con ellos? ¿En la sed de sangre o la maldad intrínseca de estos muchachos está la explicación a su violencia? ¿Todo se reduce a que simplemente eran sicarios que se dedicaban al asesinato y al tráfico de drogas?
Víctor Hugo era nieto de Juana Ramos de la Rosa y Gregorio Cisneros Torres, indígenas y analfabetas, originarios de Jiménez del Teúl, que llegaron hace 30 años a Calera. Tuvieron catorce hijos (10 mujeres y 4 hombres), que reprodujeron la pobreza de sus padres. En por lo menos nueve de los catorce casos se ganaban la vida como jornaleros agrícolas. Cinco de las diez mujeres, además de dedicarse al campo, trabajaban en un bar local.
Este es el caso de Patricia Cisneros Ramos, madre soltera de Víctor Hugo, quien trabajaba en el campo y en el bar, y también era adicta a las drogas.
La siguiente generación, en consecuencia también pobre, la integran al menos 39 niños y niñas, al menos 20 de ellos con adicciones. Uno de ellos era Víctor Hugo, que tenía 12 años en 2012, de los cuales la mitad los vivió como adicto. Sólo cursó hasta 2º grado de primaria y trabajaba limpiando parabrisas. Su situación de riesgo estaba marcada por una madre en situación de pobreza, que además era negligente, adicta al resistol, al alcohol y al thinner.
En 2011, la autoridad municipal impulsó el trabajo de una red que respondiera a la situación de riesgo y progresivo deterioro de la familia. En el plano educativo se instaló una Unidad Móvil del Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim), a la cual se integraron 16 niños y niñas de la familia Cisneros, con edades entre 4 y 14 años, todos fuera de la escuela y muchos sin haber ingresado nunca, y niños de otras familias con características similares.
Para la atención de las adicciones, ante la inexistencia de instituciones locales que atendieran adicciones severas en niños (el DIF estatal no quiere niños y niñas “con problemas”, sino limpios, sanos, educados y sin adicciones), entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 Víctor Hugo fue llevado al Centro de Integración Juvenil en Ciudad Guzmán, Jalisco. Allí permaneció por tres meses, el tiempo máximo que permite esa institución para finalmente regresar al ambiente familiar de violencia, pobreza y consumo de sustancias.
Ofrecer alternativas distintas al entorno familiar de Víctor Hugo y de los demás niños y niñas era fundamental para brindarles protección. Esto lo expresa muy bien Juan Pablo Cisneros, de 7 años, quien ingresó a la caso hogar Bethanya, cuando solicitó a la abogada de Odisea, AC que “traiga a vivir a “su casa” a sus hermanos, a sus primos, “para que vaya a la escuela y aprendan como él” y “coman todos los días”.
Sin embargo, las autoridades municipales no pudieron hacer que las autoridades estatales garantizaran los apoyos y la seguridad que exigía la problemática. Ni el DIF estatal, ni otras instituciones como el Instituto de la Mujer Zacatecas (Inmuza/Semujer), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJE), respondieron adecuadamente.
El municipio hizo su parte, pero no había los mecanismos de coordinación interinstitucional y las autoridades estatales no le dieron la debida importancia al problema. El DIF estatal sólo atinó a cerrar los ojos y esperar que la sola inercia de las cosas resolviera el problema de Víctor Hugo y su familia.
Cabe señalar que las autoridades conocieron la situación de Víctor Hugo desde 2005 (ausentismo escolar y adicciones) y que la autoridad municipal lo canalizó al DIF Estatal desde junio 2009, pero nunca se recibió respuesta.
Luego se lo llevó la ola de la violencia, a la que estaba gravemente expuesto. Para finales de 2012 habían desaparecido 26 integrantes de la familia Cisneros de la Rosa a manos de comandos armados, sin que ninguna autoridad se diera por enterada a pesar de los reiterados llamados a tomar medidas especiales para proteger a niños y adultos de esta familia.
¿Cómo no iban a tener nexos con el crimen organizado si los tenían encima y probablemente estaban reclutados de manera forzosa desde entonces?
Finalmente el círculo del horror se cerró el 7 de julio con la desaparición y asesinato de los adolescentes Víctor Hugo González (16 años), Fernando José Rodríguez (15), Guillermo García (15) y Jorge David Venegas (17). Tres adultos completan el grupo de 7 desapariciones.
Parece que el Comité del Niño (CN) de la ONU estaba pensando en estos adolescentes de Calera, cuando redactó sus observaciones finales a los informes periódicos combinados Cuarto y Quinto de México, del 18 de mayo de este año. En todo caso aquí está lo que el gobierno debe hacer.
En ese documento, el CN señala que “le preocupa seriamente que la situación de violencia armada, drogas, trata y lucha contra el crimen organizado se haya traducido en numerosos asesinatos de niños, incluidos casos de ejecuciones extrajudiciales”. Concretamente menciona el caso de Tlatlaya, Estado de México, y a partir de ahora seguramente se referirá también al caso Calera, en Zacatecas.
En particular, el Comité urgió al Estado mexicano a “Adoptar en forma expedita la ley general sobre desapariciones forzadas” e incluir en la legislación “medidas específicas para abordar las desapariciones de niños, especialmente la de niñas”. Asimismo señaló la importancia de tomar medidas urgentes “para prevenir las muertes violentas, asesinatos y desapariciones de niños y sus padres, entre otras cosas abordando las causas profundas de esos actos de violencia, como la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la pobreza, la desigualdad de género y la marginación”. ■
@LuisBarquera
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