La noche del viernes 9 de mayo de 2025 fue detenido el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Dr. Rubén Ibarra Reyes, por elementos de la Fiscalía del Estado de Zacatecas. Se le acusaba de varios delitos de extrema gravedad que implicaron la prisión justificada y oficiosa (“¿Por qué detuvieron al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra? De esto lo acusan” El Financiero, 10/05/25). Al día siguiente comenzaban las votaciones, en los sistemas semiescolarizados de la UAZ. ¿Coincidencia? Un día antes, el jueves 8 de mayo de 2025, la secretaria general del SPAUAZ, con licencia, Dra. Jenny González Arenas, fue notificada de una carpeta de investigación en su contra integrada por la Fiscalía del Estado de Zacatecas, por la que sería vinculada a proceso el día 17 de mayo de 2025 (“Vinculan a proceso por presunto fraude a Jenny González Arenas” Página 24, 18/05/25). ¿Otra coincidencia? Ambas denuncias fueron iniciadas en el año de 2024 y, debido a la libertad condicional que logró el ex rector, Dr. Rubén Ibarra, la carpeta en su contra no parece haber estado bien integrada, lo que indica premura por parte de la fiscalía. La otra investigación, a pesar de la incansable propaganda de sus acólitos, se inició por tres docentes que consideraron que la líder gremial actúo sin consultar a los interesados cuando realizó la compra de un inmueble por 49 millones de pesos (intereses incluidos). Si resulta culpable, o no, es algo todavía por determinarse. Lo que resulta importante, desde el punto de vista político, es la confluencia temporal de la judicialización de las carpetas en el preciso momento del inicio de las votaciones para rector de la UAZ. ¿Influyeron en el resultado? Lo que sí resultó en una suerte de “tensión” más imaginaria que real, fueron las declaraciones del Gobernador del Estado, Lic. David Monreal Ávila, respecto al modelo de elecciones de autoridades en la universidad. Lo calificó de “obsoleto” (“David Monreal califica de obsoleto el modelo electoral de la UAZ” La Jornada Zacatecas, 12/02/2025) añadió que puede generar conflictos y tensiones. Tal punto de vista no es erróneo, y la opinión no equivale a una intervención pues no se mandó ninguna iniciativa para modificar la ley orgánica. Sin embargo, se gestó una reacción por cierto grupo de universitarios que lo vieron como una afrenta a la autonomía. ¿En qué sentido? Eso nunca es claro. ¿Esa opinión modificó el resultado de la votación? Es dudoso. Al fin, el 14 de mayo se impone Ángel Román Gutiérrez como ganador, con 17 puntos de diferencia, sobre Jenny González Arenas, la que reconoció de inmediato los resultados (“Ángel Román gana la rectoría de la UAZ con el 57 % de los votos” El Sol de Zacatecas, 15/05/25). No hubo margen para acusaciones de fraude y las elecciones transcurrieron con normalidad. Fueron ejemplares a pesar de las reiteradas amenazas telefónicas a los integrantes de la Comisión Electoral Universitaria. Otro evento que se acumula a los anteriores la libertad condicional obtenida por los abogados de Ibarra Reyes el día viernes 16 de mayo de 2025. Esto dio la oportunidad al grupo perdedor en las elecciones de poder remontar su inimaginable derrota y negociar alguna posición. Y desde el poder legislativo, la diputada, Dra. Renata Ávila Valadez, emitía opiniones al respecto sin generar ningún tipo de respuesta en la universidad. Todo indica que sólo el poder ejecutivo es Estado e interventor, mientras que el legislativo es otra cosa. Si se trata de correlacionar, de manera libertina, a los actores políticos estatales con los universitarios se puede distinguir quien apoya a quien y especular sobre la naturaleza de los movimientos y la supuesta “crisis” de la universidad. ¿Por qué crisis? Debido a la forma en que la “política”, en el sentido Schmittiano, recorre la universidad y altera los contornos de sus espacios de decisión se puede notar que la forma de llegar a acuerdos entre los universitarios se alteró radicalmente. No hay más diálogo que en los pasillos del poder judicial. Esto genera una respuesta muy extraña: quien se atreve a defenderse en los tribunales es un mal universitario. Pese a que acudir a la justicia estatal es un derecho constitucional cuando se cree que hubo violaciones a normas de convivencia. Por eso la abundancia de demandas contra la dirigente sindical, pues se considera, por varios universitarios, que su gestión es autoritaria. Pero los adictos al grupo que dirige el SPAUAZ asumen eso como una “traición”, pues se debería de acordar de otra manera. Sin embargo, no pretenden lograr acuerdos. Así que no hay alternativas. La supuesta “crisis” es la manifestación de ese cambio en los medios de relacionarse de los universitarios. Esto condujo a un resultado sorprendente y revelador. Un grupo que tenía en su poder la Unidad Académica Preparatoria desde 1992 perdió la dirección. Este grupo es el que mantienen nexos con el poder legislativo. Se notan las costuras del conflicto. ¿Y si ese grupo derrotado fue el instigador de toda la “violencia” postelectoral? Paros, tomas pintarrajos en rectoría, movilización feminista, indignación. Quizá. Como cualquier otra hipótesis, incluso la del “ataque a la autonomía”, no se puede descartar tan pronto.
