El grupo político Renacimiento emitió un pronunciamiento sobre la situación actual en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y afirmó que la urgencia para nombrar a Armando Flores de la Torre como secretario general (y posteriormente como rector interino) era encubrir a Rubén Ibarra Reyes; sin embargo, incurrieron en errores procedimentales.
Desde su perspectiva, la universidad atraviesa un periodo de inestabilidad profunda, desatada por la condena del ex rector por abuso sexual agravado.
Lo anterior aunado a la ausencia de otros órganos de gobierno, por permiso de sus integrantes, para participar en el reciente proceso electoral interno lo que agravo la situación, además de la desintegración de la Presidencia Colegiada y la renuncia a su cargo como secretario general de Ángel Román Gutiérrez.
En ese contexto, expusieron que la presión social y universitaria forzó la reconstitución de la Presidencia Colegiada y la necesidad de destituir al ex rector. Sin embargo, la urgencia por nombrar a Juan Armando Flores de la Torre como secretario general y luego rector interino, para encubrir a Rubén “N”, derivó en una serie de irregularidades procedimentales.
“Este cúmulo de irregularidades ha generado un fuerte rechazo de la comunidad universitaria, principalmente del estudiantado que exige la pulcritud, en designación de las autoridades, la precisión en el proceso de destitución del exrector y la rescisión de toda relación laboral con la universidad, así como, informar de tal situación al Sistema Nacional de Investigadores, al Programa para el Desarrollo Profesional Docente y además la no integración de Perla Trejo, cónyuge de Rubén N, al equipo de la administración central entrante, por su participación como testigo para encubrir y favorecer al agresor”.
En ese sentido, el colectivo Renacimiento manifestó su apoyo a la comunidad estudiantil en su exigencias y demandas, enfatizando que la BUAZ debe ser un espacio libre de violencia para las mujeres y los hombres.
Asimismo, exhortó al Consejo Universitario que se conduzca con apego a la normatividad para que garantice que la próxima administración central cumpla con los requisitos legales y principios legales y éticos que deben regir la vida universidad.
Además, “expresamos nuestro rechazo a cualquier acto de intimidación y represión contra la libre manifestación de la comunidad estudiantil y docente en la lucha por la dignidad, el respeto a los infantes, apoyo a las víctimas y la no violencia en la institución”.
