En una conferencia encabezada por integrantes de Ciudadanía Participativa y con la participación de la Red Plural de Mujeres, se condenaron rotundamente las declaraciones de las autoridades estatales contra la Jueza Tercera de Distrito del Poder Judicial de la Federación, quien concedió la suspensión provisional del viaducto elevado.
En el evento, se exigió una disculpa pública por los comentarios vertidos hacia la jueza y se siguió dando a conocer las acciones buscando suspensión definitiva.
Durante el evento, el académico Francisco Valerio Quintero fue acompañado por Sandra Rodríguez Villegas, quien dio lectura a un documento dirigido a la opinión pública, y por la maestra Josefina Nava Sánchez, presidenta de la Asociación de Amigos del Patrimonio Zacatecano A.C. (APAZAC), mujeres emprendedoras y la Red Plural de Mujeres.
En el texto leído, Ciudadanía Participativa de Zacatecas dejó en claro su postura en contra de la obra. Aseguraron que, a lo largo de los últimos 14 meses, han luchado de manera democrática y pacífica dentro del marco legal para defender su derecho a la ciudad.
En su intervención, Rodríguez Villegas explicó que, si bien el derecho a la ciudad debe ser promovido por el Gobierno, no se ha llevado a cabo un análisis adecuado sobre los impactos de la obra, ni se ha presentado a la sociedad un proyecto ejecutivo ni estudios sobre el impacto ambiental y cultural del viaducto.
Uno de los puntos más críticos del documento es la denuncia por la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la obra.
“El 10 de julio del 2024, Lazare Eloundou Assomo, director del centro de patrimonio mundial de la UNESCO comunicó a María José Rodríguez, ministra representante de México, el requerimiento de una revisión técnica del proyecto del viaducto elevado pues consideró que entre otras cosas podría tener un impacto visual irreversible en el paisaje urbano de la ciudad y en el bien del patrimonio mundial en particular” se mencionó.
El proyecto del viaducto elevado, según los integrantes de Ciudadanía Participativa, no responde a una necesidad urgente ni a una demanda social prioritaria. Argumentaron que existen diversas alternativas viables para mejorar la infraestructura de transporte en la zona, como modificar la ruta ferroviaria, implementar un tren ligero o aprovechar las rutas alternas ya existentes.
Además, cuestionaron la decisión de privilegiar el uso del automóvil en lugar de atender otras necesidades más urgentes de la población, como la seguridad, la atención a la salud y la educación, el mantenimiento de carreteras y el apoyo a los productores del campo.
En cuanto al proceso legal, los miembros han presentado demandas de amparo ante la justicia federal, logrando que una solicitud prosperara y se dictara una suspensión provisional de la obra. La razón de la suspensión fue la falta de estudios técnicos y permisos necesarios para llevar a cabo la construcción. Esto dejó en evidencia que el proyecto no cumple con las normas legales vigentes.
En particular, se condenaron las acusaciones de corrupción dirigidas a la jueza, las cuales fueron calificadas como una forma de violencia política de género. La Red Rural de Mujeres, que también estuvo presente en el evento, se sumó a la denuncia por violencia política, argumentando que el ataque verbal contra la jueza es un ejemplo claro de discriminación y falta de respeto hacia las mujeres en el ejercicio de cargos públicos.
María Luisa Sosa, como parte de la Red Rural de Mujeres, expresó que este tipo de ataques a las mujeres que toman decisiones importantes dentro del ámbito público no solo son injustos, sino que también representan una forma de violencia simbólica.
Señaló que es común que se intente descalificar a las mujeres por su capacidad para tomar decisiones y se les acuse de actuar por intereses personales, lo que refuerza los prejuicios de género. Exigieron una disculpa pública tanto del gobernador como del secretario general de gobierno por las declaraciones ofensivas hacia la jueza.
El grupo de Ciudadanía Participativa también expresó que, en caso de que las autoridades no respondan adecuadamente a sus demandas, la sociedad está dispuesta a llevar la lucha a otros niveles, incluso a la resistencia civil.
Aunque confiaron en que el sistema judicial actuará de acuerdo con la ley, advirtieron que, si fuera necesario, la sociedad se reservaría el derecho de tomar las calles para defender sus derechos.
