El Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas (SEAZ) es la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales responsables de prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalizar y controlar los recursos públicos en la entidad.
Este sistema está conformado por un Comité Coordinador Estatal, Comité de Participación Ciudadana (CPC), Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas (ASE), el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas (TJAEZ), los Órganos Internos de Control (OIC) y el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IZAI).
Pese al cúmulo de instituciones y personal que laboran en ellas, la corrupción e impunidad son rasgos característicos de la cultura política y de la administración pública, lo que se refleja en diversos casos a nivel local que hasta el momento no han sido sancionados: la construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas, la fuga de Julio César “N” y Benjamín “N” y la Estafa Maestra entre otros casos más que se han dado también en los municipios zacatecanos.
Durante los últimos años se han documentado numerosos casos de corrupción en la entidad, pero en muy pocos se ha sancionado a los responsables, mientras que a nivel nacional sólo algunos han sido procesados por su vinculación con grupos del crimen organizado y los que han sido procesados reciben trato preferencia del Poder Judicial, como en los casos de Rosario Robles o Juan Collado, abogado de Peña Nieto.
Parte de los señalamientos de los recientes días se dio por la iniciativa de operar el Museo de la Corrupción instalado en el Centro Cultural Toma de Zacatecas que, de acuerdo con Ernesto González Romo, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Zacatecas, se construyó durante la administración del exgobernador Miguel Alonso Reyes, con una inversión de casi 400 millones de pesos, obra que sigue siendo controversial porque mucho tiempo fue un “elefante blanco”, hasta que recientemente se comenzó a utilizar como sede para las actividades académicas del Bachillerato General Militarizado.
Está polémica obra que no ha logrado ser terminada ni operar como centro cultural, no tiene a ningún responsable señalado por las autoridades y procesado por los tribunales.
Asimismo, la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) estuvieron involucradas en “La Estafa Maestra”, una estrategia impulsada por actores de la administración gubernamental de Enrique Peña Nieto, en la que se utilizaba a las instituciones de educación superior para desviar recursos a empresas fantasma.
Según se ha documentado en investigaciones periodísticas, en la BUAZ firmaron los convenios el entonces rector Armando Silva Chairez y el responsable del Departamento de Proyectos Estratégicos, Edmundo Guerrero, quien presuntamente operó los movimientos financieros al interior de la institución mientras ocupaba la Dirección de la Unidad Académica de Contaduría y Administración. Sumado a este caso, también se ha señalado al exrector Antonio Guzmán Fernández, quien en su defensa ha declarado que nunca estuvo involucrado.
En el caso de la UPSZ, también se documentó que el responsable directo de la operación fue Salvador Estrada, en ese momento rector de esta institución y actualmente titular de una notaría pública en el municipio de Fresnillo.
Otro caso reciente es el de Benjamín “N”, actualmente prófugo, a quien se le emitió una orden de aprehensión por cohecho, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas; se le atribuye una defraudación al erario por 60 millones de pesos, por la contratación de artistas para la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) que no se presentaron, entre otras irregularidades.
Asimismo, Julio César “N”, exalcalde del municipio de Guadalupe, también se encuentra prófugo desde hace dos años por su presunta participación en el homicidio del abogado Raúl Calderón.
En todos estos casos, hasta la fecha, no ha habido ningún resultado a pesar de que en algunos de ellos sí hay órdenes de aprehensión; en otras situaciones ni siquiera hubo alguna consecuencia administrativa al interior de sus instituciones.
Combate global contra la corrupción
En 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional contra este problema. El objetivo es visibilizar la problemática y comprometer a los estados a promover acciones para prevenir y combatir dicho fenómeno.
Para documentar la situación de la corrupción en el país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que, en el 2023, 14 de cada 100 personas de 18 años y más que tuvieron contacto con servidoras o servidores públicos experimentaron algún acto de corrupción en al menos uno de los pagos, trámites y solicitudes realizados. Al desglosar los datos según sexo, se observa que, por cada víctima mujer, hubo dos víctimas hombres.
En cuanto a la evolución del fenómeno, entre 2013 y 2023, la prevalencia de corrupción aumentó de 12.1% a 14.0%, lo que representa un incremento absoluto de 1.9 puntos porcentuales y un incremento relativo de 15.7 por ciento.
Por entidad federativa, en 2023, Zacatecas y Nayarit presentaron las prevalencias más bajas con 8.9% y 9.5%, respectivamente. Chihuahua presentó la prevalencia más alta con 21.9 por ciento. En cuanto a la evolución temporal, de 2013 a 2023, Baja California Sur, Colima y Zacatecas se han mantenido entre las entidades con niveles bajos de corrupción; en contraste, en Guerrero y Sonora la prevalencia de corrupción aumentó hasta tres veces respecto a 2013.
En 2023, 4.8% de las víctimas de corrupción mencionó haber denunciado un hecho de corrupción ante alguna autoridad competente, lo cual representó 1.8 puntos porcentuales menos que en 2015, cuando se observó el nivel de denuncia más alto en el periodo.
Los principales motivos por los que las víctimas no denunciaron los actos de corrupción fueron porque es inútil denunciar (29.5%), por ser una pérdida de tiempo (18.5%), porque la corrupción es una práctica muy común (12.6%) y porque obtuvo un beneficio (11.6%). En conjunto, estos motivos englobaron 72.2% de las víctimas de corrupción que no denunciaron.
Panorama en Zacatecas
Rodolfo García Zamora, investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la BUAZ, afirmó que la corrupción y la impunidad son parte de la cultura política mexicana desde la década de los 40 del siglo pasado.
“Da la impresión que todos los gobiernos y todos los presidentes y gobernadores en general, a partir de los años 40, se caracterizan por la corrupción, sobre todo por el sistema judicial que las garantiza la impunidad. Eso es algo que impide el avance de la democracia y de nuestras instituciones”, expuso.
Según explicó, durante el Neoliberalismo esa situación se agravó, ya que ha imperado durante 42 años la privatización y la apropiación empresarial del patrimonio social que era administrado por paraestatales.
En consecuencia, en más de 80 años muy pocos personajes han sido sujetos de alguna sanción por sus prácticas de corrupción y en esos casos ha sido más por su vinculación con el narcotráfico, lo que refleja el grave problema que persiste en el Estado mexicano y en los tres poderes del Estado.
García Zamora refirió que hace tres años la actual administración de la 4T llegó con el discurso de que iban a investigar y a procesar a responsables de actos de corrupción, pero ha pasado el tiempo y no ha habido ninguna medida legal seria.
Muestra de ello es la retórica que se está promoviendo sobre “El Museo de la Corrupción” en una de las obras más señalada de esta problemática, pero sin que haya ninguna acción contra los responsables.
Hizo alusión a Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública federal, quien “ha escrito uno de los mejores libros de investigación crítica sobre la corrupción y la impunidad en el Estado mexicano y habla con conocimiento de causa porque incluye a los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.
