■ Niega la acusación de haber amenazado a la magistrada Griselda Fabiola Flores
■ Lo acusaron de ejercer presión para modificar los términos de la sentencia a favor de Irene Ruedas Sotelo, quien se desempeñaba como magistrada del TSJEZ
■ Espera que la 63 Legislatura retome iniciativa para dar autonomía del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, en el contexto de construcción del modelo estatal anticorrupción
“Desde la Secretaría General de Gobierno tenemos que empezar a revivir esta asignatura que quedó pendiente en la anterior Legislatura, con esta nueva integración. Estamos convencidos de que un tribunal que le dicta justicia a las relaciones de trabajo entre los servidores públicos y los titulares de las dependencias de la administración pública no puede depender del Poder Ejecutivo”, dijo Jehú Eduí Salas Dávila.
El secretario general de Gobierno se manifestó así por darle autonomía plena al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, como la tienen refirió, el Tribunal de Justicia Administrativa y el correspondiente de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, cuyos titulares gestionan anualmente su presupuesto ante la Legislatura y son nombrados directamente por el ésta “sin intervención de ningún otro poder público”.
Sostuvo que, contrario a lo que se ha expuesto en medios de comunicación, la problemática en el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje “no es una condición que se haya desbordado por una intervención de Gobierno del Estado”.
Concretamente sobre el conflicto que se ha manifestado entre él y la magistrada presidenta del Tribunal luego de los señalamientos públicos de Griselda Fabiola Flores Medina de haber sido objeto de presiones y amenazas por su parte para que manipulara una sentencia, Salas Dávila dijo que la manera sana de solucionar el tema será “a través de las instancias correspondientes”.
“Yo tengo conocimiento que ella presentó ya una denuncia. Yo desde que asumí la Secretaría General de Gobierno, la titularidad de esta secretaría, no he charlado por ninguna vía con ella”.
Dijo que le parece “sumamente sospechoso” que las acusaciones en su contra se den “en un momento en que se empieza a vivir un clima de tensión en el Tribunal, de quejas, de denuncias por parte del propio personal”.
Manifestó también su extrañeza de que la denuncia pública de “algo que ella dice que ocurrió en el mes de mayo –del 2018-“, se exponga en octubre.
“Creo que es completamente absurdo, y tiene un sentido absoluto de falta de verdad”.
Salas Dávila negó la acusación de haber amenazado a la funcionaria para que modificara los términos de la sentencia del caso de Irene Ruedas Sotelo.
“En lo absoluto, jamás, jamás ha sido ni la forma ni la convicción personal de un servidor tratar de incidir en las decisiones que se toman en cualquier esfera de la administración pública o la administración de justicia a través de amenazas. Por supuesto que no”.
Dijo que quien lo conoce sabe que la interlocución que establece se sustenta en argumentos mediante los que expone las consideraciones que tiene de casos particulares, “porque estamos en todo el derecho y el deber de hacerlo; además desde el Poder Ejecutivo no ha habido ni una sola amenaza”.
Sostuvo que desconoce el entorno personal de la magistrada, si es casada o si tiene hijos o no, excepto la relación de afinidad con Jaime Flores.
“De ahí en más no conozco a ningún otro de sus familiares. Es completamente falso, absurdo, que yo le haya amenazado para tratar de incidir en un caso que no tiene vuelta atrás”.
Jehú Eduí Salas Dávila explicó que desde hace mucho tiempo, incluso anterior a la llegada de la magistrada presidenta del Tribunal Local de CA al cargo, se tenía conocimiento de la existencia de una resolución a favor de la ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Irene Ruedas Sotelo, que se tenía que ejecutar.
Dijo que su carácter de coordinador general Jurídico y represente legal del gobernador, conversó con Griselda Fabiola Flores Medina para “exponerle las condiciones que se vivían en un nuevo sistema nacional de responsabilidades” y que hacían imposible atender su petición de que Alejandro Tello iniciara un procedimiento de responsabilidades al titular del Issstezac.
Observó que el propio Instituto al ser un organismo público descentralizado cuenta con un órgano interno de control que tiene la obligación de iniciar los procedimientos administrativos conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Ya no estamos en el modelo que conocimos muchos donde la Secretaría de la Función Pública (SFP) era el órgano inquisidor de Gobierno del Estado y de todos los entes públicos”.
Así, la petición que hizo Salas Dávila a Flores Medina para darle cumplimiento a los derechos de la magistrada Irene Ruedas Sotelo, fue que “pudiera hacerse cumplir también en el mismo laudo al Poder Judicial del Estado de Zacatecas, que también se le había hecho una condena de varios millones de pesos”, a fin de generar la liquidez para el citado efecto.
“En ningún momento hubo ni la hay, una intención de no cumplir con el laudo o de que ella pudiera intervenir para que no sucediera. Creo que es una interpretación completamente errónea. No hay forma legal ni material de que no podamos cumplir con ese laudo”.
Agregó que desde los primeros días en que asumió la titularidad de la Secretaría General de Gobierno, “le pedí al abogado del Issstezac que se sentara con la contraparte, con la defensa de la magistrada Irene” para que pudieran llegar a un acuerdo.
Esto, ya que existen condenas para las tres partes, el Issstezac, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y aun para la propia Irene Ruedas Sotelo, en este último caso, debido que tiene un pago de cuotas sin cubrir.
Jehú Eduí Salas Dávila inscribió el conflicto actual entre Gobierno del Estado y el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el tema de “una construcción sumamente complicada”.
“El Tribunal es un órgano que administrativamente depende del Poder Ejecutivo, depende de la Secretaría General de Gobierno; sin embargo sus integrantes, los tres magistrados, son nombrados en diferentes modalidades por el Poder Legislativo”.
Esta condición poco común de una institución que depende financiera y orgánicamente de un poder pero que es designada por otro, ha generado “una problemática sumamente compleja” que requiere ser revisada en lo inmediato. “Creo que es un momento oportuno para la reflexión.
Refirió al respecto que la primera iniciativa que el gobernador presentó ante la 62 Legislatura en el contexto de construcción del modelo estatal anticorrupción, fue la de proponer la autonomía del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, “como lo denominó él”.
“Desafortunadamente fue una iniciativa que no pasó, que no aprobaron los diputados”. Por ello consideró que es tiempo de proponer nuevamente esta discusión ahora a la 63 Legislatura.
“Si este tipo de instituciones son funcionales como se plantean hoy día, o si por el contrario “debemos de caminar a una plena autonomía como ya lo están haciendo las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje” derivado de una reforma que fue aprobada por el Congreso de la Unión, y que implicará muy pronto que formen parte del Poder Judicial de los estados de la República.
