Desde la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Miguel Varela Pinedo y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa de la Delegación Cuauhtémoc, convocaron a una rueda de prensa en la que señalaron a la familia Monreal y a sus «redes de influencia», por presuntamente intentar arrebatarles triunfos electorales obtenidos de manera legítima.
Rojo de la Vega detalló que recientemente el Tribunal Electoral de la Ciudad de México revivió denuncias por violencia política en razón de género promovidas en su contra por su rival en la elección, Caty Monreal. Dicha acción tendría el objetivo de anular su triunfo, en una elección en la que se habría impuesto por una diferencia de más de 11 mil votos y que ya se ha sometido a recuentos “ilegales”, en dos ocasiones.
Por su parte, Varela Pinedo reiteró que las magistraturas del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez) que votaron para anular la elección en la que obtuvo la mayoría de votos, con un 4.7 por ciento de diferencia, tienen una relación de compadrazgo con el senador Ricardo Monreal.
El panista también informó que este viernes presentará nuevamente su defensa jurídica ante la Sala Regional Monterrey, señalando ahora por parcialidad y conflicto de intereses a la magistrada presidenta Gloria Esparza y al magistrado ponente José Ángel Yuen.
Al haber interpuesto Esparza y Yuen denuncias ante la Fiscalía por supuestas amenazas recibidas de parte del panista, las magistraturas debieron haberse abstenido de votar en la sesión de este domingo, en la que se declaró nuevamente la nulidad de la elección en el Ayuntamiento de Zacatecas, expuso Varela Pinedo.
Armando Ambriz y Osiris Vázquez fueron señalados por Alessandra Rojo como los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que habrían actuado devolviendo favores a Ricardo Monreal.
El magistrado Ambriz, como ex asesor de Monreal en el Senado, debió abstenerse de votar en la sesión que determinó revocar el desechamiento de la queja en contra de la panista, por comentarios en redes sociales que fueron injustamente calificados como violencia política de género, afirmó Rojo de la Vega.
